Cada mes 1,4 millones de bolivianos utilizan el transporte público interdepartamental e interprovincial (datos oficiales) y con seguridad que buena parte de ellos se encuentra en El Alto, la segunda ciudad más habitada del país. Por eso no parece novedad que en esa urbe existan 13 terminales interprovinciales repartidas en tres zonas, diez de ellas habilitadas para minibuses, taxis y buses; y tres para camiones.
Lo que sorprende es que ninguna de ellas cuenta con infraestructura, deficiencia que ha provocado el surgimiento de extensos parqueos callejeros que ocupan hasta dos carriles de las calles tomadas por los transportistas y generan severos embotellamientos, además de otros problemas vinculados a espacios de alta concentración de gente.
Uno de ellos, la suciedad que generan los negocios de comida instalados para atender a los miles de pasajeros que a diario circulan por estas terminales y, el más grave, la inseguridad. Cada terminal se constituye en una potencial zona roja. Por eso es urgente que las autoridades de esa urbe atiendan lo antes posible esta carencia, más allá de los dos proyectos de construcción que ya están en marcha: uno con ayuda del BID y otro con apoyo del Gobierno central.
