Una noticia proveniente de Cochabamba da cuenta de un innovador ejercicio de alternancia en los gobiernos municipales de ese departamento. Y es que los concejales titulares del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) dejarán sus cargos para que éstos sean asumidos por sus suplentes. La renovación se hace en nombre del principio de “gestión compartida”.
Según el anuncio realizado por la jefa departamental del MAS, Leonilda Zurita, el ampliado de su partido resolvió “hacer respetar” la alternancia en cumplimiento de los acuerdos asumidos antes de las elecciones subnacionales de abril de 2010. Es decir, se trataría de un compromiso según el cual los representantes titulares se quedan una parte de la gestión (dos años y medio, tres o cuatro años, según acuerdos específicos) y luego son sustituidos por los suplentes hasta concluir el periodo de cinco años de mandato.
Es evidente que la “gestión compartida” como mecanismo de renovación de concejales electos no está contemplada en la legislación vigente. Claro que la norma prevé la elección de suplentes que asumen el cargo en situaciones excepcionales como revocatoria, suspensión temporal, renuncia o muerte del titular. Pero en este caso estaríamos más bien ante una interesante práctica de rotación asumida como resultado de un compromiso, mediado por organizaciones sociales, entre titulares y suplentes.
¿Cuáles son las implicaciones de esta alternancia que, según la dirigencia regional del MAS, se implementará a partir del próximo mes en las 47 alcaldías e incluso en la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba? En principio, puede esperarse una saludable rotación de autoridades y representantes electos, que además tiene la virtud de revalorizar a los suplentes. Ello puede dar lugar a una práctica de gestión más democrática, participativa e incluyente, así como a la resolución oportuna de situaciones de crisis.
Empero, es necesario advertir que la alternancia aplicada con carácter obligante, “por decisión orgánica”, puede convertirse también en un mecanismo para forzar renuncias, en especial de alcaldes disidentes que se aliaron a partidos de la oposición. Hay el riesgo, además, de generar inestabilidad institucional, toda vez que el cambio de representantes puede derivar en pugnas internas, previsibles, en los renovados concejos municipales.
También está en cuestión el periodo de mandato y la experiencia en la gestión pública. El periodo de cinco años para los gobiernos departamentales y municipales responde a la necesidad de un tiempo razonable para la planificación, ejecución y evaluación de proyectos. Se trata de una temporalidad institucional que, junto con la experiencia adquirida por los concejales titulares (que ahora deben renunciar), puede malograrse con el cambio de todos los representantes del oficialismo.
