La semana pasada, en La Paz, se realizó una reunión preparatoria de la primera Cumbre Judicial en la cual representantes de diferentes instituciones, que van desde el Tribunal Supremo de Justicia hasta movimientos sociales, identificaron los factores que impiden el acceso a la justicia, entre ellos mecanismos de inclusión, lucha contra la corrupción y retardación.
Destacó especialmente en la inauguración del evento que la presidenta del Consejo de la Magistratura reconoció públicamente que a más de un año de la elección de autoridades del Órgano Judicial la justicia no ha cambiado; ciertamente, ese es el primer reto que las y los magistrados y demás jerarcas deben afrontar. En ese sentido, la autoridad demandó compromiso del pueblo y de los administradores de justicia para contar con una verdadera justicia que beneficie al ciudadano. La magistrada exigió a los participantes propuestas para implementar los cambios y tener mayor acceso a la justicia.
A su vez, el decano del Tribunal Supremo de Justicia explicó que la administración de justicia en el país tiene como defecto y causa de retardación el no haber dejado de apoyarse en el antiguo sistema del procedimiento penal, priorizando el texto escrito y rezagando la oralidad en los casos. “El sistema oral fue sólo una iniciativa con presentación novedosa, quedando olvidado por los administradores de justicia”. Para el Magistrado, es necesario desarrollar el sistema la oralidad como se tiene en la justicia indígena; asimismo, consideró que los jueces conciliadores tendrán que adecuarse a este método para mayor agilidad en sus procesos. Finalmente, afirmó que varios de los códigos en vigencia no se adecuan a la Constitución Política del Estado.
En el marco del trabajo en mesas de reflexión, en aquella dedicada a evaluar el acceso a la justicia en el país concluyó con una serie de recomendaciones, entre las que destacan: la necesidad de crear más juzgados sobre la base de la carga procesal y la densidad poblacional. Pronta designación de funcionarios requeridos en todos los juzgados y otros ámbitos de administración de justicia. Se pide que las y los jueces pasen por un mecanismo de ingreso riguroso y que se garantice su permanencia en el marco de constantes evaluaciones. Se debe disponer de infraestructura adecuada y medios suficientes para impartir justicia. Se necesita leyes más simples y desburocratizadas que faciliten los procedimientos con mayor celeridad para mejorar la calidad del servicio. Y sobre todo, deben establecerse mecanismos de coordinación entre la justicia indígena originaria campesina y la justicia ordinaria.
Así, se puede afirmar que el diagnóstico, en éste y en otros nueve ámbitos de la justicia discutidos en el evento que se comenta, está claro, y sólo resta encontrar las soluciones a los problemas, que no son ni nuevos ni desconocidos, pero sí urgentes.
