Como se veía venir, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) ha entrado en crisis, ya que, debido a que el servicio está en riesgo, la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) comenzó el proceso de revocatoria de la autorización transitoria de funcionamiento otorgada en 2007. Importa porque se trata del más esencial de los servicios básicos.
En efecto, la AAPS ya notificó a la empresa de agua con un auto administrativo en el que se dispone el inicio del trámite de revocatoria de licencia, que en los hechos implica la disolución de EPSAS para dar paso a sendas empresas municipales que provean el servicio en La Paz y El Alto. Se prevé que el proceso tome tres meses. En los considerandos del auto administrativo, la AAPS hace notar la anómala situación jurídica de EPSAS, definida como empresa pública, aunque opera como privada, lo que “pone en riesgo la prestación del servicio a corto, mediano y largo plazo”, y es el origen del incumplimiento de las obligaciones emanadas de la autorización de funcionamiento, y un obstáculo para transferirle proyectos de agua ejecutados con fondos públicos.
Como se recordará, la empresa de aguas fue creada mediante Decreto Supremo 28933, de 22 de noviembre de 2006, que también autoriza la compra de acciones de Aguas del Illimani Sociedad Anónima (AISA), firma de capitales franceses expulsada del país por lucrar con los servicios básicos. Tras la suscripción de un contrato de concesión, el 3 de enero de 2007, la responsabilidad de la prestación del servicio fue transferida a EPSAS, constituida en el marco del Código de Comercio como Sociedad Anónima, es decir, una persona jurídica de derecho privado, cuya existencia no debía durar más de seis meses. Transcurrido ese periodo, se debió dar paso a la creación de una nueva entidad conformada por los gobiernos municipales de La Paz y El Alto, y los movimientos sociales de ambas ciudades. Sin embargo, el 4 de enero de este año se cumplieron seis años sin que ello hubiera sucedido y, por el contrario, los problemas administrativos, legales y logísticos no hicieron sino multiplicarse, poniendo en riesgo el desarrollo de la empresa y, sobre todo, la provisión del servicio.
Así, se espera que en los próximos tres meses se dé solución a un problema que se arrastra hace más de cinco años y sobre el cual ninguna autoridad, hasta ahora, ha querido tomar decisiones en firme. Previsiblemente, el proceso, que ya no puede seguir siendo postergado, producirá conflictos tanto dentro de la empresa, pues todos los trabajadores serán liquidados, como entre los vecinos, pues no es difícil imaginar que al menos al inicio habrá numerosas fallas en el servicio.
La crisis ya está planteada, ahora toca darle solución, pues de lo contrario La Paz y El Alto pueden quedarse sin agua potable, y eso tendría un efecto inimaginable.
