Hace un par de décadas en Chile las universidades privadas empezaron a cobrar fuerza. Aunque parecía el correlato lógico de una economía de mercado, aun Pinochet, como pensó al principio, no se animó a desregular totalmente la educación superior. Al considerarla como un valor estratégico, se establecieron controles y regulaciones que garantizaran su calidad y pertinencia, impidiendo que el mercado y el afán de lucro las fagocitara. Se dejó en claro que las instituciones académicas privadas, a diferencia de lo que ocurre en Bolivia (donde pueden ser sociedades comerciales o asociaciones civiles), solamente podían ser fundaciones, cuyos beneficios debían ser reinvertidos en la misma universidad. Adicionalmente se creó un sistema de evaluación de carácter obligatorio para el sistema privado. A despecho de estas aparentes restricciones, el sector privado creció y se fortaleció, en un país donde también las entidades públicas cobran elevadas matrículas a sus estudiantes. La educación se convirtió en un buen negocio de alta rentabilidad, y se lo manejó como cualquier otro, con los mismos criterios de vender hamburguesas o zapatos.
La mercantilización de las universidades fue el leit motiv de las últimas movilizaciones estudiantiles, que enarbolaron como uno de sus lemas capitulares “La universidad no se vende, se defiende”. Los estudiantes argumentan que no sólo pagan sus estudios, sino que llenan las cuentas bancarias de los propietarios y financian los relucientes edificios de las universidades. Las protestas y las sospechas de que algunas universidades privadas desvían, mediante artilugios, los beneficios hacia los bolsillos de sus dueños obligaron a establecer mecanismos parlamentarios de investigación, que comprobaron la existencia del lucro. A ello se sumó la verificación de que algunas universidades realizaron prácticas dolosas para recibir sus certificaciones de calidad. En un país de probada institucionalidad y bajos índices de corrupción, la noticia fue todo un remezón.
La comprobación abrió un debate público y obligó al cierre de la Universidad del Mar, que la sabiduría popular había rebautizado como del mal. Varios parlamentarios han dejado en claro que la orientación de la educación superior no puede estar regida por el mercado, sino que requiere de una validación y regulación estatal y social. Se está, por otra parte, reconstruyendo el golpeado sistema de acreditación y hay propuestas para que las entidades privadas que no superan la evaluación sean cerradas, como hace poco ocurrió en Ecuador. Se estima que al menos un tercio de ellas no cumplen con los criterios de calidad requeridos para garantizar la calidad profesional de sus graduados, pese a que en su publicidad prometen el oro y el moro.
María José Lemaitre, boliviana nacida en Sucre, pero que hizo su carrera profesional en Chile, es una autoridad reconocida internacionalmente en temas universitarios. Recientemente, al analizar estos problemas, señaló. “Es un negocio redondo. Si tienes profesores a los que les pagas ocho meses en el año, porque los contratas por semestre y no les pagas las vacaciones (y como los tienes a honorarios, tampoco les pagas prestaciones); y tienen biblioteca más o menos”. Lemaitre lamenta la ausencia de una verdadera regulación estatal, lo que se traduce en una baja calidad. Me asalta la duda si sólo estaba pensando en su país de adopción.
