La noticia se conoció la semana pasada: al menos 600 vehículos incautados a narcotraficantes que estaban en calidad de depósito en la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) fueron desmantelados y sus piezas vendidas en el mercado informal de repuestos. Se trata, sin embargo, de una práctica ya vieja en esa repartición.
El caso que se comenta líneas más arriba corresponde sólo a la oficina de Santa Cruz de la Sierra, donde la Directora Nacional de Dircabi también reveló la “desaparición” de algunos de los bienes incautados al italiano Marco Marino Diodato, incluyendo un inmueble en La Paz, que ahora figura “a nombre de un expolítico”, por lo que se prevé realizar un inventario de éstos para actualizar los datos.
Como consecuencia de esta denuncia, días atrás el Ministro de Gobierno anunció que se está ejecutando auditorías, el reinventario y la verificación de al menos 12 mil bienes en custodia de esa oficina, que incluyen, además de automóviles, inmuebles, cuentas bancarias y otro tipo de valores. Asimismo, el ministro manifestó que la cartera a su cargo ya trabaja en la reestructuración de esa Dirección.
En los hechos, las irregularidades en Dircabi son tan antiguas como la propia institución, pues todavía se recuerda que ya en 1998 se denunció la desaparición de una fortuna en joyas incautadas a narcotraficantes, y desde entonces hasta ahora nuevas revelaciones de manejos irregulares y hurtos más o menos descarados han aparecido episódicamente.
Precisamente por eso es que, desde el Ministerio de Gobierno, se planteó, meses atrás, el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, que preveía la monetización de bienes incautados a presuntos narcotraficantes y autores de delitos de corrupción, siempre y cuando éstos fueran fruto de dichos actos ilícitos. El problema con ese proyecto es que, según denunciaron algunos abogados y entendidos en la materia, comenzando por la expresidenta de la Cámara de Diputados, en sus extremos la ley podía ser denunciada por inconstitucional.
Mientras tanto, es evidente que oficinas como Dircabi son la causa por la que se asocia a los gobiernos, y no únicamente el actual, con la corrupción institucionalizada, como bien pueden atestiguar cuantos ejercieron el cargo de ministro de Gobierno, hubieran o no medrado de ese ilícito tráfico.
Es, pues, evidente que urge reestructurar Dircabi y, sobre todo, tomar decisiones útiles, de manera transparente, para disponer de esos bienes que bien podrían servir, como preveía el proyecto de ley antes citado, para programas de salud y educación. La solución al problema estructural de corrupción en Dircabi no debe esperar más, mucho menos en un contexto de desconfianza generalizada como el que se ha producido en los últimos meses.
