El viernes, en la ciudad de Santa Cruz, decenas de personas se congregaron en la plaza 24 de Septiembre para exigir a la Asamblea Legislativa, y en particular a la brigada parlamentaria cruceña, la aprobación de una ley que castigue la violencia de género.
Ahora bien, habida cuenta que la ley ya establece sanciones para quienes incurren en hechos de violencia, independientemente del sexo de la víctima, habría que preguntarse sobre la pertinencia de una norma que condene hechos de violencia que afecten exclusivamente a las mujeres.
A la luz de las estadísticas, que advierten que al menos la mitad de los asesinatos de mujeres han sido cometidos por su pareja (esposo, concubino o novio), mientras que sólo el 5% de los asesinatos de hombres son cometidos por su compañera; y que la mayoría de los responsables logran condenas leves, debido a que el Código Penal admite como atenuante la figura de “emoción violenta”, la respuesta es sí, sí urge una normativa que contribuya a terminar, o al menos reducir, la violencia de género.
Y es que la violencia contra las mujeres es un drama cotidiano, que adopta infinidad de formas (desde el sutil acoso hasta el feminicidio), y que por eso mismo es aceptado como “normal” o “inevitable” en gran parte de los casos.
