Un nuevo impasse ha surgido entre los cooperativistas mineros y el Gobierno, por la prohibición gubernamental a este sector de exportar oro mientras no pague regalías por sus ventas pasadas. Éstos, a su vez, se resisten a hacer pagos retroactivos y amenazan con comercializar el oro por la vía informal, es decir, de contrabando.
Al respecto, el exministro de minería Dionisio Garzón, en su columna en este diario y en una entrevista, ha señalado que el principal obstáculo para que las cooperativas auríferas aporten al fisco está en la falta de capacidad institucional del Estado para controlar la producción y comercialización del codiciado mineral. También explica que no hay la fortaleza institucional para echar a andar la Empresa Boliviana del Oro, cuyo objetivo es poner en manos del Estado la cadena de producción y comercialización.
El máximo dirigente de los cooperativistas en La Paz ha señalado que su sector está dispuesto a pagar por la producción y comercialización, pero no por las ventas pasadas, y amenaza con medidas de presión. Para el Ejecutivo, ceder a esta demanda implicaría disponer una suerte de “perdonazo” en favor de un sector que ya ha tenido no pocas consideraciones. Urge, pues, replantear las condiciones del trabajo de las cooperativas.
