El miércoles, el Representante en Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó el Informe 2012 sobre la situación de los derechos humanos en el país, extenso documento que también se difundió, el mismo día, en Ginebra, Suiza. El informe revela temas pendientes, pero sobre todo valora los avances.
En efecto, el informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, establece que durante 2012 en Bolivia “se apreciaron avances en cuanto al goce de los derechos económicos, sociales y culturales, en gran parte gracias a los programas de transferencia monetaria y otros programas sociales. En particular, los índices de pobreza y de pobreza extrema siguieron disminuyendo paulatinamente, así como la deserción escolar”.
Asimismo, el documento reconoce que “se registraron avances en las políticas públicas para prevenir y sancionar la persistente práctica de racismo, al haberse aprobado, en febrero de 2012, el Plan de Acción contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación para cuya implementación se espera que el Gobierno destine los recursos necesarios”; de igual manera destaca la aprobación de leyes a favor de los derechos de las personas con discapacidad y de los refugiados, y de protección de los derechos de las mujeres, “haciendo un llamado a su pronta implementación”. El acceso a servicios básicos, especialmente agua potable, también recibe atención en el informe.
Entre los déficits anotados figuran, en primer lugar, la falta de una legislación específica sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, haciendo énfasis en el conflicto con algunos grupos ligados a la defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), pero que también puede asociarse con los frecuentes conflictos que el Estado afronta con el pueblo guaraní y su derecho a ser consultado sobre los emprendimientos de exploración y explotación de gas y petróleo en el Chaco boliviano.
El punto donde más crítico se muestra el Informe de la OACNUDH es el referido al acceso a la justicia, pues si bien reconoce “algunas decisiones históricas del Tribunal Plurinacional Constitucional”, que pueden interpretarse como señales de independencia del poder judicial, manifiesta su preocupación por “la corrupción reportada, el rezago judicial, el limitado acceso a la justicia, así como el deterioro en las condiciones de detención”.
Hay, pues, razones para sentir satisfacción por el avance de los derechos humanos en Bolivia, pero también para sentir preocupación por lo mucho que falta avanzar. Como en muchos otros ámbitos, no hay que agradecerle al Estado lo que hizo bien, pues es su obligación, sino exigirle que complete las tareas pendientes. Los derechos humanos son la columna vertebral de la política bien entendida.
