En un nuevo episodio de desinstitucionalización del Estado, la Gobernación de Santa Cruz ha puesto en cuestión una sentencia constitucional emitida el 29 de diciembre, antes de que se inicie la “autoprórroga” del tribunal guardián de la constitucionalidad; el ala leal al encarcelado gobernador, Luis Fernando Camacho, evita a toda costa el cumplimiento del Estatuto Autonómico cruceño.
El caso comenzó en marzo de 2022, cuando se hizo evidente la ruptura entre el Gobernador electo y el Vicegobernador, también electo según lo dispuesto en el Estatuto departamental, que fue vulnerado con un decreto del Gobernador cediendo el control de la nave a un secretario y no al segundo al mando. Más tarde, la ruptura, pero sobre todo los enormes esfuerzos del ala camachista de Creemos que controla la Gobernación cruceña, se hizo más evidente cuando luego de la detención de Camacho y su posterior encarcelamiento en Chonchocoro, los últimos días de 2022, el Vicegobernador pidió que en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Autonómico, se le permita suplir al Gobernador.
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La respuesta de la Asamblea Legislativa Departamental, lejos de avenirse al cumplimiento de la máxima norma del departamento, fue producir y promulgar 68 días después del arresto una ley que interpreta el artículo correspondiente del Estatuto donde se dispone que en “ausencia temporal” del Gobernador debe suplirlo el Vicegobernador, en la que, convenientemente, la detención preventiva por muchos meses no es una condición que impida ejercer el cargo, incluso si no se vive en el departamento.
La sentencia que nuevamente enfrenta a los dirigentes cruceños es fruto de una acción de cumplimiento presentada en contra del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic Ribera, y el vicegobernador Aguilera, por tres asambleístas departamentales por el Movimiento Al Socialismo (MAS). En su parte resolutiva, la sentencia 1021/2023, dispone que el Vicegobernador ejecute el mandato con el que fue electo y al presidente de la ALD que promueva la posesión de éste.
La rápida y bien articulada respuesta de los portavoces de Creemos en Santa Cruz fue rechazar la sentencia alegando que desconoce la mentada Ley Departamental 293 de Regulación de la Ausencia Temporal e Impedimento, del 9 de marzo de 2023. El propio presidente de la ALD, que está en receso, se trasladó a Sucre para pedir complementación y enmienda. Mientras tanto, el Vicegobernador y sus adversarios intercambian amenazas de juicio “penal” y hablan de respetar la “institucionalidad”.
Lo cierto es que la “institucionalidad cruceña” hoy está amenazada más por sus dirigencias que por sus adversarios. El irónico efecto de la mezquindad con que se está administrando el poder estatal en Santa Cruz es que el departamento que hasta hace poco se preciaba de ser “la locomotora del país”, hoy es vagón de cola en materia política, pues unos y otros impiden la emergencia de nuevos liderazgos que tengan visión de país, la gran ausente hasta ahora.
