La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) inició una inspección técnico-administrativa en las oficinas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), después de que un informe interno revelara la habilitación irregular de 1.053 teléfonos móviles robados, vulnerando la normativa vigente.
La intervención se llevó a cabo la anterior semana y apunta a determinar responsabilidades dentro de la empresa estatal.
El caso involucra la violación de la Regulación Administrativa TL N° 0115/2009, que prohíbe levantar reportes de robo sin la autorización expresa del propietario del equipo. Pese a ello, los IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) fueron reactivados sin respaldo documental.
ATT
Para profundizar la investigación, la ATT solicitó a Entel información histórica desde 2024 sobre todas las liberaciones efectuadas, a fin de dimensionar el alcance del presunto esquema ilegal.
Un documento interno ya había advertido en agosto sobre la reactivación irregular de equipos, sin autorización del titular ni verificación técnica. Sin embargo, las alertas no frenaron la operación.
La investigación apunta a operadores de Datacom, empresa de servicios de atención al cliente donde Entel es accionista mayoritaria. Su gerente, Luis Charcas, confirmó que las máximas autoridades de la estatal fueron notificadas hace más de un mes, aunque evitó mayores declaraciones y remitió cualquier pronunciamiento al directorio.
Para la ATT, el caso revela una cadena de complicidades que permitió que celulares robados volvieran a circular en el mercado, afectando la seguridad ciudadana y la credibilidad de la telefónica estatal. De confirmarse las irregularidades, Entel podría enfrentar sanciones económicas severas por incumplimiento grave de la normativa sectorial.
La autoridad reguladora anunció que continuará recopilando información y ampliando citaciones para esclarecer si existen más implicados en la estructura que habilitaba equipos reportados como robados.
Su objetivo, señaló, es garantizar el cumplimiento normativo y proteger a los usuarios frente a prácticas irregulares en el sector de telecomunicaciones.
