Según la Plataforma de Información sobre el Desarrollo Global Devex, los gobiernos han asignado la asombrosa cantidad de $us 37.700 millones en fondos públicos para la investigación, desarrollo, distribución y aplicación de vacunas, mientras que el sector privado invirtió una cuarta parte de este monto: $us 9.500 millones. Esto ha despertado en muchos agentes económicos dentro del sector salud, la necesidad de ser parte de las ganancias que registran estas inversiones, sin importar mucho si esto puede ser totalmente ético.
En Bolivia, el Gobierno ha promulgado la Ley 1359 de Emergencia Sanitaria, con lo cual los colegios médicos han dado a conocer que la medida en contra de esta normativa es un paro nacional. Se piensa mostrar una nueva pulseta entre médicos y autoridades, sin tomar en cuenta que esta medición de fuerzas trascenderá a tener a la población en contra de médicos deseosos de defender a grandes grupos corporativos que controlan los servicios de salud privada y la distribución de medicamentos.
Entrando en materia de análisis y tratando de entender cuáles son los argumentos que usan algunos médicos para oponerse a una ley que busca defender los derechos de usuarios y consumidores de servicios médicos y productos farmacéuticos, en una pandemia que ha obligado a las familias bolivianas a quintuplicar, en algunos casos, el presupuesto en salud, aterrizamos en una realidad que convenientemente se oculta, ya que existiendo el incremento acelerado de la demanda de un bien específico, toca encontrar quién puede enriquecerse a partir de este nuevo escenario.
Para muchas familias que han sufrido la desgracia de tener un familiar enfermo con COVID- 19, no han escatimado en recursos para poder salvaguardar la vida de los suyos y han preferido perder hasta sus bienes para poder cubrir los costos de internación, oxígeno, especialistas médicos, medicamentos, etcétera; esto ha abierto los ojos a dueños de clínicas privadas que no han desaprovechado el momento para poder cobrar su costo de oportunidad y multiplicar ganancias.
El gobierno anterior mostró que en pandemia se puede ser lo suficientemente “hábil” para encontrar mecanismos de enriquecimiento a costillas del sufrimiento de familias, no es necesario enumerar la cantidad de casos de corrupción que vivió el sector salud durante este periodo. El mejor ejemplo para dueños de clínicas y representantes de agremiados de la salud fueron quienes estuvieron detrás de todos estos latrocinios, tanto así que muchos de los que ahora reclaman, resultaron ser candidatos o exautoridades del nefasto periodo.
Lo cierto es que defender el paro médico tiene un trasfondo completamente económico; habiéndose generado un boom en la demanda, el olfato neoliberal de muchos “negociantes” no podía fallarles y la Ley 1359 les está quitando lo que al parecer resulta ser “la gallina de los huevos de oro”, normando precios para medicamentos y principalmente para los costos que incurren las familias a la hora de internar a un familiar.
La primera ola del coronavirus en Bolivia tuvo dos principales características. A medida que el pánico en la población subía por el temor a enfermarse, los precios de los medicamentos alcanzaban precios que lograron llegar hasta un incremento de 500%, jamás basados en costos adicionales, sino simple y pura especulación.
Otra característica que dejó a muchas familias en la bancarrota fueron los costos de internación. Clínicas pidieron garantías de hasta Bs 100.000 para recibir a pacientes con COVID-19, y muchos de estos negocios, pese a la cantidad de recursos en resguardo, solicitaban a los familiares pagar montos de hasta Bs 20.000 al día, con la firme amenaza de que si no se cumplían con los pagos, los enfermos serían echados a su suerte.
Las razones están plenamente expuestas, el paro médico que se vive es en defensa de intereses corporativos de orden económico, y la Ley 1359 los afecta de manera certera. El mundo está enfrentando una de las etapas más difíciles de su historia y lo está haciendo de la mano de las personas que noblemente decidieron profesionalizarse en medicina; sin embargo, en Bolivia, nuestro sector sindical médico ha perdido la oportunidad histórica de caminar al lado de su población, para ponerse del lado de unos cuantos que lucran con la desgracia de la gente.
Mike Gemio es analista económico.
