El que fuera senador Edwin Rodríguez (Movimiento de Organizaciones Populares, MOP), recordó en un programa de radio hace siete días (Al límite, Illimani-Patria Nueva) que había quedado abierta la posibilidad para que el 12 de noviembre de 2019, a través de un acuerdo con la mayoritaria bancada del MAS, pudiera asumir la presidencia del Senado y de ese modo dar paso a una genuina sucesión constitucional, una vez renunciados Evo Morales, Álvaro García Linera, Adriana Salvatierra y Víctor Borda.
En plena campaña electoral, el senador potosino estaba convencido de que había que concentrar el voto por un solo candidato para ganarle al MAS, y por ello desistió de su postulación junto a Óscar Ortiz. Pues bien, cuando el Plan B (Áñez presidenta) notificado por Doria Medina en la Universidad Católica a representantes del MAS (Adriana Salvatierra, Susana Rivero, Teresa Morales) ya había entrado en funcionamiento, el propio Ortiz, Arturo Murillo y Jeanine Áñez en ágil movida, habilitaron a la suplente de Rodríguez, Reina Isabel Villca Huayllani, quien en su momento firmó una carta dirigida al presidente de EEUU Donald Trump, pidiendo intervenir Bolivia. Con esta indebida habilitación, a Rodríguez se le impidió el ingreso a la Asamblea Legislativa, lo mismo que a senadores y diputados del MAS, ante el riesgo que suponía para este trío de senadores, la instalación reglamentaria de la sesión.
En contacto con otra radioemisora (Centro de Producción Radiofónica, CEPRA), Rodríguez declaró que al haberse distanciado de la derecha boliviana, es decir, de su propia bancada, y entablado contactos con senadores masistas, se hacía probable que asumiera como presidente de la transición hacia nuevas elecciones, por lo que los senadores en cuestión —repitamos, Ortiz- Murillo-Áñez— decidieron omitir el procedimiento constitucional y de ese modo se generó la autoproclamación de la segunda vicepresidenta del Senado violando el art. 169 de la Constitución y el reglamento del Senado, quien ya había anunciado el mismo domingo 10 por televisión que llegaría a La Paz para asumir una presidencia que “le correspondía”.
Completo, con éste, una cincuentena de textos periodísticos publicados desde fines de diciembre de 2019 (Hasta aquí llegamos Evo, www.debatesindígenas.org), relacionados con la sucesión inconstitucional de Áñez que dio lugar a un gobierno de facto, autoritario, represivo y corrupto. Hasta aquí se han registrado datos, argumentos, citas, declaraciones y comportamientos, todo esto en el marco de una detallada recolección de los hechos producidos entre noviembre de 2019 hasta estos días en los que tenemos a la autoproclamada expresidenta guardando detención preventiva por cargos de conspiración, sedición y terrorismo, a los que se van agregando otros relacionados con su ejercicio en el poder, entre ellos, responsabilidades por las muertes de Sacaba y Senkata.
Lo que queda más claro que el agua es que Jeanine sabe lo que hizo. Que junto con sus colegas Ortiz y Murillo tomaron el gobierno por asalto. Si los descontrola que se le llame Golpe de Estado, pueden ponerle el nombre que menos molesto les resulte, al final de cuentas, el transcurso del tiempo ayudará a establecer la verdad histórica superando las narrativas.
Un breve diálogo de uno de estos senadores con un funcionario de la Asamblea Legislativa en momentos tan decisivos para la preservación de la constitucionalidad del país, me permite asegurar que eran conscientes de lo que estaban haciendo:
—Senador, lo que están por hacer es ilegal…
—Sabemos que sí, que es ilegal, pero tenemos el apoyo del pueblo. Y actuaremos con esa legitimidad.
Ortiz, Murillo y Áñez sabían que estaban violando la ley, pero su animalidad política les decía que en ese momento “su legitimidad” mandaba, que con las fuerzas militares y policiales reprimiendo las movilizaciones populares que derivarían en masacres, y con la furia de las clases medias profundamente antimasistas que supieron saltar de las redes sociales a las calles, encontraron que los uniformes y las armas de fuego protegían esa “legitimidad” que según el senador X justificaba la violación a la legalidad. De las calles, las carreteras y los bloqueos nació el MAS-IPSP, y en esas calles y carreteras se lo reprimió y masacró para dar lugar a un inconstitucional gobierno de transición promovido con exacerbación.
Jeanine Áñez, consciente de haber violado la ley para hacerse de la presidencia, ha recibido desde la lejanía de los Estados Unidos un “fuerza amiga, estamos del lado correcto de la historia y será ella la que nos juzgue” de parte de Arturo Murillo. En cambio, Óscar Ortiz, que terminó rompiendo con el gobierno, con Áñez y Murillo, y con los Demócratas, parece no estar tan conmovido con el destino de quien fuera usada para la toma del poder y hoy se encuentra en estado de melodramática victimización.
Julio Peñaloza Bretel es periodista.
