La pandemia mundial del COVID-19 ha trastornado las condiciones de funcionamiento económico, social y político en una gran mayoría de países, revelando al mismo tiempo las insuficiencias de los sistemas sanitarios y de protección social, así como las asimetrías de género y otras en los regímenes laborales. El confinamiento en los hogares y la interrupción de las actividades económicas, escolares, deportivas y culturales ha demandado, entre otras cosas, importantes cambios en el rol de responsabilidades y tareas de los miembros de la familia. Los ámbitos más afectados son los de la convivencia familiar en espacios habitacionales estrechos, la educación y el empleo, con diferentes intensidades según las clases sociales y los estratos de ingreso.
Los diferentes países están encarando las respuestas imprescindibles de acuerdo a sus circunstancias particulares, sus niveles de desarrollo, sus instituciones, sus fortalezas fiscales y sus costumbres arraigadas. La geopolítica de las vacunas ha amplificado las inequidades y asimetrías del sistema internacional, haciendo evidente la ausencia de mecanismos efectivos de cooperación internacional.
Cada país tiene que adoptar las estrategias y políticas que estén a su alcance para enfrentar los antiguos y los nuevos problemas. Entre las prioridades generales se deben mencionar, la atención sanitaria, que ahora incluye la distribución de las vacunas, y la reactivación de la economía y el empleo a corto plazo, con una visión estratégica de largo plazo.
En nuestro caso, ambas tareas tienen connotaciones particulares, derivadas de la precariedad institucional, la informalidad predominante en el mercado laboral, la fragilidad del tejido empresarial, las preferencias políticas del Gobierno y algunos hábitos del movimiento sindical, establecidos al calor de la bonanza externa existente hasta 2014.
Todo hace pensar que no se pueden repetir ahora los incrementos generales de salarios, determinados unilateralmente por el Gobierno luego de someras consultas con la Central Obrera Boliviana. Ni las arcas fiscales ni los recursos de los diversos empleadores están en condiciones de erogar un incremento de salarios retroactivo al comienzo de año, por encima de los niveles oficiales de inflación y del aumento de la productividad general de la economía. La dictación de ese tipo de medidas respondía a una circunstancia que ha sido largamente superada por la desaceleración económica, agravada por las consecuencias derivadas de la pandemia del COVID-19.
Corresponde en cambio adoptar una política salarial que haga justicia a las diversas necesidades sociales y económicas, y que transmita además claras señales para las inversiones productivas del futuro. Como es sabido, la política salarial, junto con la política tributaria y la política cambiaria, son componentes importantes de una estrategia de promoción de inversiones para la transformación productiva que genere empleos de calidad, entre otros objetivos.
Las consecuencias del confinamiento que ha creado el COVID-19 han demostrado de manera incuestionable que es preciso incluir en el ámbito socio-laboral aspectos relacionados con el empleo femenino tomando en cuenta la necesidad de las mujeres de cuidar a sus hijos en sus hogares, sea que ellos estén pasando clases mediante instrumentos digitales, o sea que están recluidos sin ocupaciones planificadas.
Considero que para adoptar en el futuro inmediato una política salarial adecuada a las circunstancias imperantes y con orientación de futuro, el Gobierno tendría que establecer una especie de menú de opciones sectoriales y regionales, dejando que sean las negociaciones entre empleadores y trabajadores donde se definan los aspectos concretos de los salarios y de las condiciones de trabajo y empleo.
Horst Grebe es economista
