Uno de los efectos de la pandemia del COVID-19 es la aceleración de la digitalización de nuestras actividades cotidianas, lo que hace que el acceso a internet con estándares mínimos de calidad resulte fundamental.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en colaboración con sus relatorías especiales, ha presentado una guía práctica que titula ¿Cómo promover el acceso universal a internet durante la pandemia de COVID-19? Esta guía menciona que “las comunidades indígenas, mujeres, afrodescendientes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, entre otros grupos con necesidades específicas, están sufriendo limitaciones de forma desproporcionada en el acceso y asequibilidad de las tecnologías digitales.” Es decir, las brechas digitales que ya existían se incrementan durante la pandemia afectando a las poblaciones que previamente estaban precariamente conectadas o incluso peor, desconectadas.
La guía también aconseja que los gobiernos deben acelerar las políticas de acceso universal a internet, ampliando la infraestructura que lo sostiene, facilitando el acceso a dispositivos idóneos y promoviendo la alfabetización digital. En Bolivia, el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (Prontis) tiene parte de la responsabilidad para aportar a la solución de este problema, la parte referida a la infraestructura de telecomunicaciones (la que permite llevar internet) en áreas rurales y alejadas.
El Prontis y Entel se hacen cargo —por decirlo de una manera excesivamente sencilla— de comprar antenas y tender fibra óptica para conectar a municipios rurales y lo han venido haciendo durante varios años, pero hay al menos un par de temas que requieren mejora en la gestión de este programa: 1) Falta de transparencia de su ejecución. Imaginé que los municipios que reciben la infraestructura conocen el Prontis, pero en contacto con algunas autoridades municipales, no suelen conocerlo aunque mencionen que les han instalado antenas e incluso que tienen fibra óptica a su territorio. Lo cierto es que nadie sabe del Prontis, ni reciben información de su ejecución. 2) La inclusión tecnológica no solo se logra con infraestructura de telecomunicaciones sino con alfabetización digital adecuada a las necesidades de cada grupo poblacional, que vendría bien que esté incluida entre las atribuciones de este programa, mucho más tomando en cuenta que cuenta con un presupuesto abultado y porque nadie en el Estado se encarga de esto.
Ya hemos cumplido un año de usar internet intensamente para reducir los efectos de la pandemia, pero no se conocen políticas de conectividad y alfabetización digital que resuelvan el problema de raíz.
Eliana Quiroz es ciberactivista y burócrata. blog: www.internetalaboliviana. word-press.com
