Días atrás, en este mismo espacio se comentaba que la violencia contra las mujeres tiene diferentes formas de manifestarse y se mencionaba aquellas que son más directas y evidentes. Pero hay muchas más, y un documento de la Coalición de Mujeres, publicado en víspera de la cumbre que desde ayer trata el asunto, revela datos sobre la desigualdad, fuente de violencia.
El documento presentado por la agrupación que congrega a 24 instituciones y organizaciones sociales explora la desigualdad entre hombres y mujeres en cuanto a leyes, prácticas culturales, educación, trabajo, salud, violencia y participación política, aspectos que sin duda deben ser parte de la agenda de la cumbre en la que debe definirse la política pública que permitirá materializar la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
De acuerdo con el informe, en materia de educación, si bien la alfabetización avanzó con los programas “Yo sí puedo” y “Yo sí puedo seguir”, la tasa de analfabetismo de mujeres de entre 15 y 24 años era en 2010 de 3,2%, frente al 0,9% de varones. Respecto de la existencia y vigencia de leyes, se destaca la aprobación de normas para proteger sus derechos, pero también se señala que éstas aún no lograron traducirse en acciones concretas para su cumplimiento y ejercicio.
En el ámbito de la práctica cultural de los pueblos indígenas, se observa que aún se mantienen aspectos patriarcales que naturalizan la inequidad. Asimismo, la situación laboral de las mujeres no mejoró, aun con el avance normativo, pues ellas ingresan a mercados que tienden a segregarlas en ocupaciones de baja productividad y bajos ingresos.
El texto también cuestiona la falta de difusión y condiciones para cumplir los planes y programas de salud sexual y reproductiva, la cual es un obstáculo para la equidad de derechos, pues encontraron casos en los que proveedores de salud piden a la mujer autorización de la pareja para usar métodos anticonceptivos.
Finalmente, respecto del asunto central de la Cumbre de Mujeres, en el estudio se dice que si bien el artículo 15 de la Constitución Política dispone que todas las personas tienen derecho a una vida libre de violencia, las agresiones contra mujeres de todas las edades, todos los estratos socioeconómicos y todos los contextos culturales se presentan a lo largo de toda su vida.
Hay, pues, una larga agenda de temas que deben ser debatidos en un nivel mucho más profundo que el testimonial o la simple denuncia. Esta es una oportunidad, que puede ser histórica, de verdaderamente adoptar un plan de acción concreto y específico para cambiar las condiciones estructurales que impiden a las mujeres el goce pleno de sus derechos, situación que no sólo incide en sus vidas, sino en la de sus familias y, por tanto, en toda la sociedad.
