El término refundación medra en América Latina. Fue la izquierda bolivariana la que primero se enamoró de la palabra, desde el chavismo venezolano al indianismo de Bolivia, pero toma también posiciones en el liberal-capitalismo de la Guatemala del presidente Otto Pérez Molina, que hoy trata de reinventar si no la nación, sí cuando menos el Estado. Y en ese proceso hay que anotar un movimiento positivo: el juicio al general y expresidente golpista Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, crímenes contra la humanidad, torturas y abuso de autoridad. Nada menos que un alto militar guatemalteco requerido en justicia. A Pinochet no hubo tiempo de sentarle en el banquillo.
Ríos Montt fue aupado por un putsch de tenientes y capitanes respaldado por la CIA el 23 de marzo de 1982, y gobernó como dictador durante 16 meses. Se había formado en la Escuela de las Américas de Panamá con asesores norteamericanos en la doctrina contrainsurgente de “quitar el agua al pez”, por otro nombre, negar a la sublevación paleo-marxista, indígena y campesina, su apoyo en el medio rural. En 1982 el presidente Carter había retirado la ayuda militar a Guatemala, lo que surtió el efecto contraindicado de eliminar cualquier tipo de tutela o cautela que pudiera ejercer Washington, con lo que la milicia, con el asesoramiento de militares argentinos, pudo dar rienda suelta en la represión a sus más rocosas pasiones. Una comisión de la ONU contabilizó 200.000 muertes, la mayor parte a manos de los militares, en 36 años de una guerra civil que duró hasta los años noventa, y en un documento titulado Memoria del silencio (1999) pormenorizaba así los métodos del horror: “Asesinato de niños indefensos, con frecuencia estrellándolos contra los muros o arrojándolos con vida a pozos en los que se amontonaban más tarde cadáveres de adultos; amputación de miembros; empalamiento de víctimas; rociamiento con petróleo para quemarlas o evisceración de las mismas en vida ante otros detenidos; y destripamiento de mujeres embarazadas”. El líder golpista y su colega el general José Mauricio Rodríguez están siendo juzgados por 15 masacres (de las 472 perpetradas bajo la presidencia de Ríos Montt) en las que murieron 1.771 ciudadanos, en su mayoría indígenas y casi la mitad, niños de hasta 12 años, de la etnia ixil en Quiché norte.
Al restablecimiento de la democracia, cuando menos electoral, Guatemala se mira por fin en el espejo. La droga es hoy más de un 80% más barata que hace 30 años, y la mitad que en los noventa, con lo que el kilo de coca que en Colombia puede costar algo más de $us 1.900 a su paso por Centroamérica ha multiplicado 10 veces su precio y por 100 en las calles de Nueva York. Guatemala tenía en 2011 un presupuesto de seguridad de poco más de $us 380 millones, mientras que las drogas que atraviesan el país se valoran en casi 50.000 millones. Y el narco permea el país donde se instala: Guatemala bajó en 2011 del lugar 91 al 120 (sobre 182 países) en el índice internacional de corrupción, compilado por Transparency International; el porcentaje de delitos que llega a los tribunales es insignificante; y las pruebas testificales son inviables porque los testigos son intimidados o peor para que no declaren.
El expresidente no es culpable directo de la implantación del narcoterrorismo en Guatemala, pero la salvaje represión desarrollada durante su mandato contribuyó a deslegitimar el Estado, cuyo funcionamiento burocrático es hoy caótico o inexistente, como las sentencias que emiten tribunales diferentes sobre un mismo caso en un barullo de competencias. Y todo ello construye una cultura de la impunidad, en este caso del Estado, que, como dice el periodista José Elías, es lo que se está juzgando. Esa es la Guatemala que el presidente Otto Pérez Molina quiere refundar.
Es columnista del diario El País.
