En un reciente artículo, Walker San Miguel, ex cónsul general en Santiago, se refiere a la mediación, es decir a un recurso pacífico de solución de controversias contemplado por el derecho internacional. Según el Pacto de Bogotá, “el procedimiento de mediación consiste en someter la controversia a uno o más gobiernos americanos, o a uno o más ciudadanos eminentes de cualquier Estado americano extraños a la controversia”. En la mediación, el tercero, sea un Estado o un ciudadano eminente, interviene en la negociación y propone una solución al litigio.
En su artículo, el doctor San Miguel sugiere que el Gobierno nacional, aparte de continuar con su política de llevar la cuestión marítima a las cortes internacionales de La Haya, también debería estudiar la posibilidad de buscar una mediación, es decir, una solución política a nuestro magno problema. Él recuerda sobre todo el conflicto del Canal del Beagle, entre Argentina y Chile, cuando el cardenal Samoré, designado por el papa Juan Pablo II, medió en la contienda, previa aceptación de las partes; y gracias a su intervención, esos Estados llegaron a un entendimiento que dio lugar a un tratado de paz y amistad suscrito en noviembre de 1984.
Ahora bien, en estos momentos de gran tensión entre los gobiernos de Bolivia y Chile, es difícil que el segundo aceptase una mediación. Por tanto, correspondería analizar la eventualidad de recurrir a los buenos oficios de un jefe de Estado americano. Los buenos oficios también son un recurso político de solución de controversias, pero en este caso, no es necesaria la aprobación de los dos Estados en conflicto. En virtud de este procedimiento, un tercero reúne a las partes enfrentadas para que se junten a negociar. Los buenos oficios pueden ser ofrecidos espontáneamente o ser solicitados por una de las partes. El que presta los buenos oficios no propone soluciones propias y se limita únicamente a servir de medio para que las partes intercambien sus puntos de vista.
Al respecto, es menester tener presente los buenos oficios que el entonces presidente del Brasil Ernesto Geisel prestó a Bolivia y Chile, en marzo de 1974, cuando reunió en su capital, Brasilia, a los presidentes Banzer y Pinochet, quienes se conocieron en esa oportunidad y conversaron sobre la materia. Esta reunión presidencial fue la base fundamental de la negociación que se inició después en la localidad de Charaña. Fue en Brasilia cuando el general Banzer expresó a Pinochet que ya “es tiempo de que resolvamos el problema que atañe a la amistad de nuestros países y que lo hagamos con franqueza y comprensión propia de dos soldados”. A ello, el mandatario chileno habría respondido: “Cuente usted con toda mi buena voluntad. Pienso que no es imposible que lleguemos a entendernos”.
En cuanto a la labor del presidente Geisel, el general Banzer informó que “no hubo presión brasileña alguna y que no se trazaron esquemas concretos ni tentativas de una solución del problema marítimo boliviano”. Pero, como señala el ilustre historiador don Alfonso Crespo Rodas, es muy probable que operara en el proceder del general Pinochet, “la influencia cauta y sutil del Brasil, favorable a un acuerdo entre Chile y Bolivia”. Al término de la reunión en Brasilia, se emitió un comunicado conjunto que expresaba “la voluntad de ambos gobiernos para ampliar las relaciones entre los dos países”; y asimismo, el de “resolver posteriormente ciertos asuntos pendientes y de importancia esencial para las dos naciones”.
En consecuencia, sería muy conveniente que el Gobierno nacional y también ahora, el designado embajador ante las cortes internacionales de La Haya, don Eduardo Rodríguez Veltzé, se preocupen asimismo de examinar la posibilidad de llegar a un entendimiento en base a soluciones políticas, que son más rápidas, y que además se interesan en acercar a las partes en controversia. La sola dedicación a un pleito jurídico no es conveniente, porque se sabe que éste puede separar aún más a los dos Estados, lo que determinaría un alejamiento mayor de nuestra anhelada salida al mar.
