Un colega acaba de remitirme la lista de los bolivianos y las bolivianas que murieron y desaparecieron durante la dictadura militar argentina. Suman 60, sin contar a los militantes argentinos, que dentro del tenebroso Plan Cóndor fueron remitidos a los centros de tortura en Buenos Aires, durante la presidencia de Hugo Banzer Suárez y cuando su delfín, Juan Pereda Asbún, ocupaba el represivo Ministerio de Gobierno.
La Argentina ha emprendido una sostenida política de reparación a los familiares de las víctimas y de recuperación de memoria de quienes fueron asesinados o que desaparecieron durante el horror de los años dictatoriales. Igualmente ha llevado a la cárcel a una buena parte de los represores, tras sendos juicios en los cuales los escasos sobrevivientes de los pozos y centros de reclusión encararon a quienes vejaron sus cuerpos, pero no pudieron suprimir la libertad crítica de su pensamiento.
La posibilidad de confrontarlos supuso para las víctimas un acto de reparación, que si bien no exorcizó todas las penas (que no se cierran nunca), contribuyó a mitigarlas.
Visto en un panorama comparativo, Argentina, por el empuje de la sociedad civil y el apoyo de sus gobernantes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, es el país que con mayor decisión ha encarado el álgido tema de la represión militar. En Chile, otro centro de violación de derechos humanos, se ha hecho algo, pero, a juicio de organismos especializados, todavía no lo suficiente. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff, ella misma víctima de torturas en los 70, está danto pasos firmes para transparentar información clasificada. Uruguay, en razón de leyes de olvido y perdón votadas en referéndum, decidió, como política de Estado, hacer un corte con aquel pasado oprobioso, y en los hechos olvidarlo. Bolivia, aunque sin normativa, hizo lo propio.
En estos días se reanuda en Buenos Aires en el Tribunal Oral Federal Nº 1 el juicio oral en la causa conocida como “Plan Cóndor”, en la que se juzgará a 18 imputados por crímenes de lesa humanidad, unificando las causas (Plan Cóndor, Plan Cóndor II y Automotores Orletti II), precisamente aquellos juicios que tienen que ver con los nexos entre las dictaduras de Bolivia y Argentina. Está previsto que declaren 450 testigos. Entre los acusados se hallan los exdictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone y el excomandante del III Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez.
En conjunto deberán responder por más de 220 casos de presuntas violaciones de los derechos humanos, y otros delitos como asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad. Orletti, ubicado en zona de Flores, fue el centro de recepción de militantes de nacionalidad argentina transferidos en 1976 desde Bolivia; entre ellos Graciela Rutila y su pequeña hija Carla, además de Luis Faustino Stamponi, uno de los principales cabecillas del PRTB, actualmente detenido-desaparecido.
Sería de esperar que las autoridades bolivianas contribuyan a la justicia argentina no sólo proporcionado la información requerida, sino también sumándose a la causa o al menos haciendo un seguimiento pormenorizado. Una tarea, una de las primeras, que podría encarar el nuevo embajador boliviano en Argentina, el general Liborio Flores, excomandante de la Fuerza Aérea (FAB).
