Tuvo que ocurrir un escalofriante crimen, a plena luz el día, registrado por cámaras de seguridad de un establecimiento y luego transmitido por algunos canales de televisión, para que las autoridades finalmente ejecuten una estrategia de combate al crimen en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde sólo en las últimas tres semanas nueve personas fueron asesinadas.
El resultado inmediato fue el arresto de tres presuntos sicarios entre el jueves y el viernes y la demostración de que al final la voluntad política de combatir al crimen comienza a materializarse. El miércoles, luego de recibir una instrucción del Presidente del Estado, el Ministro de Gobierno anunció la ejecución de un plan que ha implicado trasladar a Santa Cruz una tropa policial de élite y más efectivos de la Policía, encabezados por los viceministros de Régimen Interior y de Seguridad Ciudadana.
Asimismo, el Ministro de Gobierno instruyó actuar con dureza, autorizando incluso aplicar la controversial figura de la “ley de fuga”, que es ilegal, pues supone una ejecución extrajudicial, en caso de que los sospechosos opongan resistencia al arresto o pongan en riesgo a los implicados en el operativo.
Asimismo, se ha dado la instrucción de detener a todo extranjero indocumentado que sea encontrado en las calles.
Para llegar a este extremo tuvo que pasar mucho tiempo desde las primeras veces que se denunció que en el país operan asesinos a sueldo (La Razón informó en 2007 de una serie de asesinatos cometidos supuestamente por sicarios en Pando) o que se conozca la existencia de grupos de criminales que ofrecen sus servicios en internet, hasta que por último las autoridades decidan poner un alto a la creciente violencia, pues está demostrado que no era suficiente con incrementar el número de efectivos policiales patrullando las calles o involucrar a la Policía Militar en esas tareas.
En el ámbito de la opinión pública se han producido dos efectos inmediatos, por un lado, desde una posición que puede ser marginal, grupos que politizan toda acción pública cuestionaron, por ser ilegal, la instrucción de aplicar la “ley de fuga”; por el otro, se han escuchado numerosas voces expresando no sólo alivio de ver acciones contundentes, sino también su beneplácito con la decisión de actuar con el máximo rigor posible.
Afortunadamente, las primeras acciones obtuvieron resultados sin necesidad de derramar sangre y es previsible que en los siguientes días se conozca de nuevos operativos para detener a presuntos asesinos y delincuentes, lo cual debiera, de un modo u otro, siquiera disminuir la recurrencia con que los hechos de sangre se producen.
Santa Cruz de la Sierra no es el único sitio en el país donde la delincuencia opera y tiene en vilo a la población, es de esperar, por eso, que esta guerra al crimen se extienda por todo el país.
