El lunes pasado, se promulgó la Ley del Libro y la Lectura Óscar Alfaro, cuyo principal propósito es el de promover la lectura en el país. Para tal efecto, la norma elimina el pago de los impuestos al valor agregado (13%) y de transacciones (3%) a los libros nacionales y extranjeros. Además, establece la creación de un fondo para organizar ferias y crear bibliotecas.
Es decir que con esta medida el precio de los libros en el mercado interno se reducirá en 16%. Con este descenso, la pequeña industria editorial del país podrá responder con mejores argumentos a la piratería y al fotocopiado de libros, mayoritariamente extranjeros. Por otro lado, la ley establece la creación de un fondo del libro y de un fondo editorial, con el fin de recaudar recursos para implementar programas, proyectos, estrategias e instrumentos relativos a la promoción, difusión, fomento y sensibilización de la lectura, así como también para la edición de libros declarados de interés nacional.
Ahora bien, no cabe duda de que esta norma no va a eliminar las prácticas ilegales que acompañan al mercado del libro, menos aún con el desafío que imponen los sistemas de reproducción electrónicos. Sin embargo, el abaratamiento de los precios quitará peso al argumento de quienes se quejan, con razón, del valor comercial de los libros.
A tiempo de promulgar la norma, el Mandatario afirmó sentirse preocupado porque “no encuentra” una política para “contagiar” al pueblo el hábito de la lectura, y que esta tarea se debería cumplir y plasmar en la reglamentación de esta ley. Luego agregó que él mismo adolece de “ese problema”, pues no sabe “cómo enamorarse de la lectura”.
Al reconocer esta falencia, el Presidente no sólo da una lección de modestia, sino también y sobre todo pone en la palestra un serio problema que aqueja a millones de bolivianos, en particular a los de origen indígena-campesino, como el propio gobernante. Y es que la cultura en esos ámbitos es más oral que letrada, pues el saber no reposa en los libros, sino principalmente en las relaciones con la familia, los modos de producción, la tradición oral y los vínculos con la naturaleza.
De allí la importancia de adoptar medidas que respondan a esta necesidad de cultivar la lectura, como instrumento de formación permanente, y no sólo en las ciudades sino también y sobre todo en las zonas rurales. Cabe señalar que las estrategias para acortar la distancia entre las minorías que leen y las mayorías a las que no les gusta hacerlo en el país, no son sólo pedagógicas, sino también económicas.
Es de esperar que la Ley Óscar Alfaro sea un aliciente para integrar la cultura escrita en el contexto de la vida diaria de las bolivianos; condición esencial para mejorar la calidad de vida, reducir el desempleo, potenciar la realización personal y fortalecer la autoestima de las personas.
