Se ha cumplido un año del asilo del senador Róger Pinto en la Embajada del Brasil y todavía no se ha determinado ningún arreglo sobre el particular. El canciller Choquehuanca ha manifestado reiteradamente que no es posible darle salvoconducto porque las normas internas no lo permiten.
Lamentablemente, este asunto está enfriando las relaciones entre nuestro país y el Brasil, el mayor mercado de nuestro gas. Y estamos seguros de que el Gobierno nacional comprende que se debe dar fin a tan engorroso problema, ya que es absurdo que por una sola persona se deterioren los vínculos muy amistosos que tradicionalmente hubo entre los dos Estados.
Hay que considerar, además, que nunca el Gobierno del Brasil expulsará al señor Pinto de su embajada en La Paz. El Gobierno nacional debería tener presente asimismo que el Brasil se ha constituido en el garante de nuestro territorio. En una nota complementaria al Tratado de 25 de febrero de 1938, se señala expresamente que el Brasil considera “como definitivo y por tanto no susceptible de cualesquier modificaciones, sin la propia voluntad de Bolivia, el estatuto territorial boliviano”.
En consecuencia se debería buscar una solución que no exija la otorgación del salvoconducto, ya que esto sería considerado como una derrota de nuestra Cancillería ante la opinión pública internacional. Y se tiene un ejemplo que se debería tomar en cuenta: es el caso del asilo del político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre en la Embajada de Colombia en Lima, en 1949.
Como el gobierno peruano de entonces desconoció el derecho de asilo de Haya de la Torre, por considerarlo un delincuente común, Perú y Colombia decidieron llevar el asunto a la Corte de La Haya. Luego de deliberar por un año, la Corte emitió sentencia el 20 de noviembre de 1950, señalando que el Perú no estaba obligado a reconocer el asilo de Haya de la Torre, porque Colombia no había ratificado la Convención de Montevideo sobre Derecho de Asilo de 1933. Dicha convención había determinado que el país que asilaba tenía la potestad de determinar si el asilado era un refugiado político o un delincuente común.
Con la sentencia a su favor, el Gobierno peruano rechazó todo entendimiento con Colombia y, de este modo, Haya de la Torre debió sufrir un encierro en la Embajada colombiana por otros cuatro años más. Sólo en marzo de 1954, y con el apoyo de varios países latinoamericanos, los gobiernos de Perú y Colombia llegaron a un arreglo sobre el particular: 1) No se concedería salvoconducto a Haya de la Torre sino sólo un decreto de extrañamiento. 2) El Ministro de Justicia del Perú, acompañado por un embajador latinoamericano, recogería a Haya de la Torre de la embajada colombiana y lo llevaría hasta el avión que lo conduciría fuera del Perú. 3) Haya de la Torre no podría viajar a Colombia. Debía elegir otro país americano como residencia. 4) El representante de Colombia en Lima daría por terminada su intervención, una vez que Haya de la Torre abandonara el local de la misión, confiando al honor del Perú el cumplimiento de ese compromiso. 5) El Perú se reservaba el derecho de pedir la extradición de Haya de la Torre. 6) Los comisionados que suscribieron el acuerdo entregarían a la prensa un comunicado conjunto donde se informaría que había cesado el asilo de dicho refugiado, sin entrega del respectivo salvoconducto, y respetando la sentencia de la Corte de La Haya.
Haya de la Torre se fue a vivir a México hasta que concluyó el gobierno del temible general Odría en el Perú. Y como sucede en los avatares de la política interna latinoamericana, varios años después, el viejo líder del APRA llegó a concertar una alianza política con el general Odría. Esto demuestra que los odios políticos en nuestro continente no deberían dar lugar a actitudes irreconciliables, porque tarde o temprano las situaciones cambian, y las personas que antes se aborrecían pueden después entenderse con el fin de trabajar conjuntamente por la patria.
