Las universidades públicas y autónomas latinoamericanas y bolivianas son entidades complejas, no porque alberguen en su seno distintas corrientes de pensamiento, sino porque cobijan diversos actores que participan y deciden sobre su gobierno y gestión, por lo cual es muy difícil establecer un conjunto único de metas. En ellas, en la medida que el poder se diluye, sólo es posible generar gobernabilidad mediante transacción y conflicto. De ahí que más que gestores o líderes académicos sus autoridades deban tener un sólido perfil negociador. Los rectores, en suma, no son la autoridad final, sino un mando sujeto a tensiones y equilibrios precarios.
Los sociólogos de las universidades, como Burton Clark o el recientemente desaparecido Eduardo Ibarra, afirman que en estas entidades el sistema de poder laxo es de “base pesada”; es decir que la autoridad no está en la cúspide de la pirámide, sino en la comunidad universitaria de docentes/estudiantes, conformando el cogobierno. Un apunte histórico, la modalidad paritaria no fue resultado de la Reforma de 1928/29, sino de la revuelta de 1952, que se aplicó recién en 1954. Antes, los estudiantes tenían una presencia de un tercio en el gobierno universitario.
Autoridades colegiadas e intereses diversos permiten a ambos autores señalar que estas instituciones son “anarquías organizadas débilmente acopladas”, constituidas por disciplinas o carreras que poco comparten entre sí, salvo la defensa de la entidad. Ello no implica de ningún modo que la universidad no tenga sus propios estatutos, formas de control y proyectos estratégicos, pero su cumplimiento se halla atrapado por los intereses en juego, muchas veces divergentes, que hace que las decisiones demoren, cambien con frecuencia o finalmente no se tomen. El conflicto está, pues, en la naturaleza y estructura universitaria, pues no son ni una empresa burocrática ni una organización vertical.
La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) ha atravesado (y atraviesa) por distintos conflictos en el último tiempo. No es la única casa de estudios superiores que enfrenta contingencias, por lo que las reflexiones anteriores son pertinentes. Lo grave, empero, ocurre cuando las reglas institucionales se rompen totalmente y se desata la violencia abierta como método de presión. Para Clark e Ibarra, en las universidades hablan distintas voces pero siempre en lenguaje académico y científico, que es el código que deben guardar sus actores.
Hace días, estudiantes de la UMSS de la unidad desconcentrada del trópico cochabambino se trasladaron a Cochabamba y destruyeron, airados, una parte de las instalaciones del vicerrectorado, en protesta contra una determinación unánime del Consejo Universitario. No importa si lo que pedían era justo o posible (que dicho sea de paso no lo era); lo sustantivo es que el lenguaje de las piedras sustituyó al de las palabras. Además, lo llamativo del caso es que en el trópico existe la Universidad Indígena Casimiro Huanca; y se supuso que en algún momento sería una respuesta alternativa a la UMSS. No ocurrió. El prestigio jala, y en el Chapare la mayor parte de bachilleres prefiere un título de sansimoniano. Extrañamente para conseguirlo no titubean en atentar contra la única institución que se los garantiza, con sus docentes, su gestión y su presencia.
