Cuando en 2004 se promulgó la Ley 1776, que abrió la puerta a los pueblos indígenas (PI) y a las asociaciones ciudadanas (AC) para poder competir por mérito propio en elecciones sin depender de partidos, su primera prueba de fuego fueron las elecciones municipales de diciembre de ese mismo año. No la pasaron muy brillantemente. Se inscribieron 68 organizaciones indígenas y 347 ciudadanas, frente a 17 partidos políticos, que ya era también un número excesivamente elevado. Pero del total de votos válidos, esos pueblos indígena originario campesinos, siendo como eran el 62% de la población según el censo 2001, sólo un 1,9% votó por candidatos de la modalidad PI. Para las AC, que era la otra innovación, lo hizo un 28,8%; mientras que la gran mayoría (69,3%) lo siguió haciendo por los partidos políticos, a los que entonces se consideraba bastante venidos a menos. Por no haber logrado ni un solo escaño, el 39,7% de los PI y el 58,7% de las AC perdieron automáticamente su registro electoral.
¿Por qué fueron tan bajos los resultados? En parte por la desinformación y el poco tiempo para interiorizarse de aquella nueva ley. Pero la principal respuesta es que ya entonces lo que estaba en rápido ascenso era Evo y su partido-movimiento MAS. En esa elección, el MAS sacó el mayor número de votos (18,5%), más del doble del siguiente, que era otro partido nuevo: el MSM de Juan del Granado, con 8,7%. Aunque dominaba aún la dispersión, el ascenso de Evo ya opacaba cualquier otra alternativa, incluyendo esas opciones innovadoras de la ley de 2004.
A los cinco años, en las elecciones de diciembre 2009, el MAS llegó tal vez a su cúspide, cuando logró dos tercios en ambas cámaras. Cuatro meses después, en las elecciones municipales y departamentales de abril 2010, empezó un declive, en parte por el rompimiento con el MSM, remachado después, entre otros, por el gasolinazo, la elección de jueces y el TIPNIS, que provocó el rompimiento del Pacto de Unidad entre las organizaciones trillizas (CSUTCB, CSCIOB y Bartolinas) y las mellizas (Conamaq y Cidob), pacto que muchos aún peleamos para reconstruir.
¿Y qué pasará a fines del próximo año? Daré sólo algunos apuntes previos sobre los indígena campesinos, que siguen siendo clave, sobre todo si incluimos también los urbanos. La alianza y en bastantes casos la identificación con el MAS sigue sólida sobre todo en el campo andino.
Dirigentes de los “trillizos” siguen arguyendo que, a fin de cuentas, el MAS es “su hijo” desde que ellos buscaban construir “su instrumento político”. Pero los ayllus del Conamaq (“mellizos” de la oriental Cidob), mantienen su posición más crítica para fortalecer la “democracia comunitaria”, reconocida por la CPE. Entre los indígena originarios andinos urbanos (incluida la gran mayoría de la segunda ciudad del país, El Alto) la gama es mucho más variable, desde apoyo (incondicional o no) hasta franca oposición, sobre todo en algunos intelectuales. En tierras bajas, el apoyo más incondicional es el de los excolonizadores (como Evo) que, desde la nueva CPE se llaman “comunidades interculturales” y ahora también “originarias”. Y el mayor rechazo es el de la Cidob histórica, sobre todo a partir del TIPNIS; aunque el MAS creó su otra directiva paralela, en las comunidades poco se reproduce, por suerte, esta división.
