Próximamente (probablemente en julio) se conocerá la sentencia dentro del litigio que sostienen Perú y Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La expectativa en ambos países es enorme, y los medios de prensa de Lima y Santiago vienen trabajando febrilmente para lo que han denominado el Día “D”.
Particularmente notables son las reuniones que se han generado entre las cancillerías de ambos países, asumiendo que se debe administrar “el post-La Haya” para evitar que se generen conflictos que las diplomacias de Santiago y Lima no desean. Sería una forma civilizada de entender y aplicar un fallo de la justicia internacional.
Aunque los cancilleres de Perú y Chile han asegurado públicamente que los dos Estados-parte se han comprometido a cumplir el fallo de la Corte, nada está dicho aún.
Recuérdese sino lo ocurrido después del fallo del caso Nicaragua vs. Colombia. Contra todo pronóstico, fue la República de Colombia la que decidió retirarse del Pacto de Bogotá, instrumento que desde 1948 establece los mecanismos pacíficos de resolución de controversias entre los países del sistema interamericano. Por cierto, el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá después de emitida una sentencia no enerva su cumplimiento, pero coloca un interrogante hacia el futuro. Perú y Chile han preferido dar certezas y han asegurado que acatarán la decisión del tribunal internacional, cualquiera sea la decisión de La Haya.
También destaca que hace 15 días el presidente Ollanta Humala hubiera convocado a una reunión de expresidentes y excancilleres, quienes junto al agente y coagente peruanos en La Haya (Allan Wagner y José García Belaúnde) sostuvieron una reunión en el Palacio presidencial para precisamente escuchar de parte de Wagner la actual situación previa a la emisión del fallo. Perú ha demostrado así unidad férrea y parece aguardar la decisión con indisimulada confianza.
Por su lado, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha promovido reuniones con excancilleres, con parlamentarios del oficialismo y la oposición y con el equipo jurídico que representa a Chile en La Haya. Chile se encuentra en etapa de campaña electoral presidencial (primarias al interior de las coaliciones), pero el litigio contra el Perú ha unido a todos los sectores políticos. Empero, hay un tema que Chile ha soslayado, pero que puede tener un efecto dentro de la corte de La Haya, es el caso del juez ad-hoc Francisco Orrego Vicuña, reconocido jurista de nacionalidad chilena y árbitro internacional que Chile eligió como su juez con voz pero sin voto y que participa al interior de la corte de La Haya en el caso contra el Perú.
Es que se ha conocido que la Cancillería de Chile contrató a Orrego Vicuña como abogado para que emita opiniones especializadas en otros casos de interés para Chile. Hasta ahí no parece haber problema alguno, pues el abogado internacionalista tiene prestigio académico precisamente por su experiencia y sapiencia en temas de esa especialidad. Pero el caso es que al ser juez ad hoc su independencia se ve seriamente comprometida, al haberse desempeñado como asesor del propio Gobierno de Chile.
El Perú en cambio designó como juez ad hoc a Gilbert Gillaume, de nacionalidad francesa y expresidente de la Corte Internacional de Justicia, con lo que claramente se anota un punto a favor. La independencia de Gillaume está fuera de duda y su voz al interior de la Corte será escuchada con gran atención por los 15 jueces que relacionarán y emitirán sentencia en un fallo histórico que incluso tendrá derivaciones en Bolivia.
