Esta semana que termina, las más altas autoridades del Órgano Judicial han dado la peor muestra de su falta de compromiso con la renovación de la justicia que podía esperarse de ellas: anunciaron que tomarían su segunda vacación del año, entre el 24 de junio y el 12 de julio. La crítica y la presión pública les obligaron a dar marcha atrás, pero el daño ya está hecho.
En efecto, los magistrados del TSJ, al igual que sus colegas del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental, asumieron sus funciones el 3 de enero de 2012, y al cumplir su primer año de gestión tomaron la vacación anual que les correspondía, del 7 al 29 de enero del 2013. Sin embargo, la Sala Plena del TSJ, reunida a fines de mayo, determinó que a mediados de este año tomen una segunda vacación adelantada, correspondiente a la gestión 2013, coincidiendo con la vacación judicial.
Al ser cuestionado por su decisión, el presidente del TSJ explicó que el periodo de mandato de los magistrados es de seis años “y nos deberían una vacación al cumplir ese tiempo; en esa lógica y para que el Órgano Judicial no sea dañado en el tema de que se deba pagar la vacación, es que se va a tomar” la vacación. Así, mal mirada, la iniciativa parece propia de quien está preocupado por evitar complicaciones administrativas.
Sin embargo, la tarea encomendada a los máximos jueces del país, electos en la primera elección de autoridades judiciales de la historia boliviana, no era en absoluto preocuparse de mantener las formas vigentes hasta ahora en la administración de justicia sino, por el contrario, transformarla, en lo posible, de manera radical. Y su argumento empeoró cuando hizo notar que los magistrados y el personal que depende del Órgano Judicial enmarcan su labor en la Ley 025 y no están regidos por la Ley General del Trabajo, que establece que un empleado, para beneficiarse de una vacación, debe cumplir al menos un año y un día de trabajo; es decir, resaltó que los custodios de la ley en el país gozan de privilegios no accesibles a otros trabajadores.
Previsiblemente, la presión ejercida por autoridades del Órgano Ejecutivo, así como de representantes de los movimientos sociales, obligó a los magistrados a cambiar su decisión, y éstos justificaron el cambio de planes no reconociendo su error, sino apelando a las tareas que demandará la Cumbre Judicial a fines de julio próximo. La retardación de justicia y los miles de casos pendientes no parecen quitar el sueño a estas autoridades.
Hay, pues, motivos para preocuparse de estos magistrados, que parecen no haber entendido no sólo su deber de transformar la justicia en consonancia con el tiempo histórico en el que les toca ejercer su mandato, sino sobre todo que este mandato ahora proviene del pueblo, y por tanto entraña mayor deber moral.
