Hace más de un año, el presidente Morales lanzó una convocatoria para la realización de una cumbre nacional destinada a debatir la revolución de la salud pública en Bolivia. Lo hacía como reacción al fallido intento de aplicar el Decreto 1126, que buscaba reponer las ocho horas de trabajo para los médicos y los trabajadores de la salud, sin el correlativo ajuste salarial.
En ese momento, creímos que el Gobierno buscaría cambiar totalmente la salud en el país. El anuncio, sin lugar a dudas, despertó mucha expectativa y esperanza, toda vez que el sector salud es uno de los lados flacos del Estado Plurinacional y, sin duda, la salud es una de las falencias mayores de la población, que en ese rubro registra los peores indicadores de la región.
En julio de 2012, el Mandatario prácticamente ordenó a sus subordinados a realizar la primera cumbre para la revolución de la salud pública. Un año después, no se tiene ni fecha para su realización. La inoperancia de sus mandos medios, la anarquía que imprimen los sectores involucrados, el carácter burocrático y administrativo de su organización, la falta de objetivos claros y socializados no han permitido la realización de la cumbre; y, como van las cosas, su proceso de gestación llevará a un inevitable fracaso o a la obtención de resultados anémicos.
La ampulosa convocatoria para la cumbre lanzada por el Ministerio de Salud y Deportes más parece el índice del actual programa de gobierno, en el cual no se percibe la fuerza del objetivo supremo ni las estrategias más importantes para lograrlo. Sin duda este objetivo es la construcción del nuevo sistema de salud, universal y gratuito, mismo que no está inscrito en los ejes temáticos de la discusión previa, que debía realizarse en cada uno de los departamentos. Los ejes temáticos de la convocatoria tienen demasiada dosis técnica, con exagerado detalle para lograr consenso con relación al sistema único. Por ese camino, la discusión se irá por las ramas y no se logrará nunca el consenso que se pretende para universalizar la salud.
Los supuestos beneficiarios y los actuales proveedores de los servicios de salud son los primeros en echar piedras y cerrar el camino hacia la medicina socializada. Eso es más o menos lo que pasa con el actual sistema de pensiones, donde, como lo expresa el propio Gobierno, los intereses de unos cuantos se vuelcan contra los intereses de la mayoría: los más pobres y no corporativizadas. Con el sistema único de salud ocurre otro tanto, porque más priman los intereses de grupo, de sindicato o de corporación y nadie está dispuesto a ceder para lograr la ansiada equidad en salud.
De esta manera, la discusión central hacia y en la cumbre debiera girar principalmente sobre el sistema universal de salud que queremos (si es que lo queremos) y las estrategias para lograrlo; cómo hacer para unificar el actual sistema, fraccionado e insuficiente para dar cobertura a toda la población; y cuáles serán los recursos que moveremos para cumplir con las metas trazadas.
No sólo se ha perdido un año para concretar la “revolución en salud”. En realidad se han perdido siete años, la mayor parte en divagaciones sectoriales, olvidando que las grandes decisiones son políticas y programáticas, y que deben lanzarse cuando la correlación de fuerzas lo permite. A un año de las elecciones nacionales, con cientos de conflictos en marcha, parece irrealizable la desfalleciente cumbre y, lo que es peor, parecen inalcanzables sus posibles resultados.
