Como suele ocurrir, a raíz de la difusión pública de hechos dramáticos, surgen una serie de informaciones y posiciones de claridad dudosas. Peor aún, surgen propuestas legislativas que en lugar de buscar resolver los problemas, los complican. Este parece ser uno de esos casos. En la ciudad de El Alto, hace unas semanas, una niña fue atacada y herida gravemente por un perro de la raza rottweiler. Según datos de los noticieros, las condiciones en las que ése y otro perro estaban siendo criados son deficientes y crueles desde todo punto de vida.
Las reacciones respecto al hecho sacaron a flote el miedo, la ignorancia y el autoritarismo, siempre presentes en autoridades y funcionarios públicos y, cómo no, en nosotros, las y los ciudadanos. Se difundió una lista arbitraria de razas de perros consideradas peligrosas, entre las que están los rottweiler, los pitbull y otros.
Ejemplares de algunas de esas razas son utilizados en el negocio de las peleas de perros, un horroroso pasatiempo que, según dicen, genera mucho dinero y, aunque es prohibido en varios países, se sigue realizando de forma clandestina y tolerada.
Un proyecto de ley propuesto en la Asamblea Plurinacional contempla aspectos de registro y control para la tenencia doméstica de animales, la prohibición de 12 razas consideradas peligrosas y la eliminación de perros de la calle. Organizaciones de defensa de los animales rechazan normas como ésta, aludiendo a que el castigo ejercido sobre los canes es una falsa y cruel decisión, pues la responsabilidad es de los propietarios. Pero, varias municipalidades ya tienen legislación al respecto.
El gobierno municipal de La Paz cuenta con una ordenanza de control y registro de canes que, como suele ocurrir con muchas iniciativas de este tipo, se cumple tarde, mal y nunca. El gobierno municipal de Cochabamba acaba de poner en marcha un complejo sistema de registro de mascotas mediante chips… en proceso aún pero previsiblemente incompleto en su cumplimiento.
Es necesario controlar la tenencia doméstica y comercial de animales, claramente diferenciadas y diferenciables. En el primer caso, tener un animal doméstico, cualquiera que sea su especie y su raza, es una responsabilidad del amo con el propio animal y con las personas del entorno. En el segundo, es necesario controlar a criadores y comerciantes de perros respecto a las condiciones en las que mantienen a los animales, particularmente a las madres, generalmente hacinadas, descuidadas y tratadas como mercancía.
Como en otros aspectos de la convivencia humana respetuosa, no hay recetas mágicas, como la de un chip, sino procesos educativos en los que tienen que funcionar en conjunto y armónicamente la responsabilidad ciudadana individual, el control social, la autoridad, cobertura institucional y el imperio de la ley.
Ante situaciones como la del ataque a la niña que, por cierto, ocurren y se repiten muchas veces, pero que sólo acaparan la atención pública cuando son graves, cabe preguntarse: ¿Son culpables los animales o los humanos que, por negocio, crueldad, ignorancia o desidia, los sueltan a la calle o los encadenan o los mantienen en cautiverio, hambrientos y violentos? ¿Los problemas se resuelven por decreto, matando animales o cambiando el comportamiento de los amos?
