Esta semana, dos noticias han vuelto a confirmar la preocupante prevalencia de la violencia contra las mujeres, así como la urgente necesidad de aplicar sanciones ejemplarizadoras capaces de mostrar que ya no es posible seguir tolerando estas manifestaciones del más primitivo machismo, y con mayor razón considerando que los acusados son personas al servicio del Estado.
Primero fue la denuncia de una servidora de la Gobernación de Cochabamba contra el hasta entonces Director de Relaciones Internacionales, quien habría abusado de ella sistemáticamente a lo largo de varios meses, con agresiones verbales que luego devinieron en físicas, hasta que la víctima logró captar el abuso en video. Así, munida de esta prueba, se animó a denunciar el hecho. Casi inmediatamente después, se conoció que el viernes 21 de junio una mujer fue asesinada en el cuartel del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en La Paz, en condiciones que aún no han sido esclarecidas.
En el primer caso, el resultado inmediato fue la renuncia del acusado, quien además ha sido diplomático, representante de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA). En el segundo, uno de los sospechosos (pues fueron tres los que estuvieron con la víctima antes de su muerte) ha sido puesto en detención domiciliaria, mientras se realizan las investigaciones pertinentes.
En el caso de Cochabamba, además, debe llamar especialmente la atención el hecho de que la víctima hubiera tenido que recurrir al extremo de grabar la agresión antes de denunciarla, pues según su propio testimonio, era difícil que le creyeran considerando la buena imagen de la que gozaba el agresor, lo que demuestra que sin importar cuánto se discuta públicamente del tema, la sociedad todavía tiende a favorecer a los hombres violentos, así sea sólo aplicando la duda razonable.
En el segundo hecho, las autoridades han tenido la prudencia de exigir prontamente que el caso sea tratado como delito público, como una forma de evitar que, como ha sucedido en muchas otras ocasiones, se intente procesar a los acusados en el fuero militar, que desafortunadamente todavía está asociado con la idea de impunidad.
Sería un error asociar estos hechos con una forma de gestión del Estado por el solo hecho de que los acusados eran servidores públicos. Sin embargo, precisamente por esta razón, es imperioso que la investigación y su correspondiente sanción sean apropiadamente publicitadas; pues de lo contrario será imposible evitar que la opinión pública sea alimentada con discursos orientados a generar descrédito en las autoridades e instituciones públicas.
Queda, pues, la esperanza de que esta vez el Ministerio Público cumpla con su deber a cabalidad y que, sobre todo, se demuestre que es posible, si no obligatorio, aplicar lo establecido en la recientemente aprobada Ley Integral para una Vida Libre de Violencia.
