Si hay un consenso generalizado en la población del país, éste se refiere a la preocupación que causa el sostenido incremento de la delincuencia y otras formas de violencia cotidiana que provocan la inseguridad ciudadana. Sin embargo, pareciera que las autoridades de los gobiernos departamentales y municipales no están haciendo lo suficiente para encarar el problema.
Así lo hizo notar días atrás el Ministro de Gobierno, cuando en entrevista con los medios de comunicación estatales señaló que del total del presupuesto programado para esta gestión, Bs 516,3 millones que corresponden al 10% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, las entidades subnacionales sólo ejecutaron Bs 59,1 millones, es decir 11,5%. Según la autoridad, esta cifra equivale a Bs 5,7 por persona en el país. El ministro destacó que quienes menos esfuerzo hicieron son los gobiernos departamentales. Según la autoridad, en la IV Cumbre de Seguridad Ciudadana, realizada la semana
pasada en Sucre, se reveló que las gobernaciones ejecutaron en los primeros cinco meses del año sólo 6,8 millones de un total de Bs 139,7 millones presupuestados; en el caso de las alcaldías, éstas ejecutaron Bs 52,2 millones de un presupuesto de Bs 376,5 millones.
Por lo pronto, el Ministerio de Gobierno ha pedido a los gobiernos subnacionales que inviertan en la compra de 2.190 cámaras de seguridad en las nueve ciudades capitales más El Alto, 24 helicópteros, 55 Estaciones Policiales Integrales, nueve centros de mantenimiento de motorizados de la fuerza pública, 1.170 motocicletas y 977 vehículos, y un presupuesto adicional para la mejora de las cárceles.
Una de las posibles explicaciones a esta baja ejecución se halla en los mecanismos y normas propias de la gestión de los recursos públicos, a lo que el ministro respondió señalando que hace tres semanas se aprobó un decreto con la finalidad de que los gobiernos subnacionales tengan nuevos ítems para cargar costos del servicio de mantenimiento de vehículos y las transferencias de los equipos a la Policía.
Sin embargo, otras explicaciones para la baja ejecución en esta materia se encuentran, por una parte, en la falta de eficiencia de algunas burocracias, que a menudo no logran seguir el paso a los discursos de las autoridades; por la otra, en una absurda pugna política, en la que al parecer conviene hacer los mínimos esfuerzos en esta materia, para luego acusar al Gobierno nacional de no estar haciendo lo suficiente, sobre todo porque el control de la Policía depende del nivel central.
Es, pues, tiempo de que todos los ámbitos de gobierno reconozcan su deber en materia de seguridad ciudadana y actúen en consecuencia, pues se trata de satisfacer las necesidades de la población y no de adoptar posturas de efecto político.
