Además de lograr importantes compromisos para una mejor provisión de servicios de transporte, salud y educación, una de las principales conquistas del movimiento de indignados en Brasil fue haber agitado la reforma política que desde hace 15 años se tramita sin éxito en el Congreso. Al menos esa es la intención de la presidenta Rousseff, que solicitó formalmente la convocatoria a un plebiscito.
¿Para qué un plebiscito? La renovada iniciativa, si bien no tiene el alcance de un proceso constituyente, busca que la ciudadanía decida en las urnas acerca de cambios en el sistema electoral, el financiamiento de los partidos políticos, los parlamentarios suplentes, las coaliciones partidarias y el voto secreto en el Congreso. Es decir, reformas que permitan mayor inclusión y transparencia en la democracia brasileña.
La propuesta es fundamental, pero confronta dos problemas. El primero es que la convocatoria a un plebiscito está reservada al Congreso. Y allí el poder constituido no tiene interés en reformarse. “Es innecesario”, dicen. El otro problema es que la reforma sólo surtirá efecto en las próximas elecciones generales si el plebiscito se hace antes de octubre, plazo que para los parlamentarios es “inviable”. Al parecer las indignaciones aún no fueron suficientes.
