El lunes, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó un amparo constitucional en favor de Antonieta Rojas, que en septiembre de 2010 reconocía su derecho de propiedad sobre unos predios que le fueron arrebatados violentamente hace más de dos años, en Santa Cruz. Cabe esperar que la Policía y el Ministerio Público efectivicen cuanto antes esta sentencia, que, dicho sea de paso, representa un importante precedente.
En efecto, en caso de que ocurran situaciones análogas, los dueños podrán presentar un recurso de amparo constitucional para hacer prevalecer su derecho de propiedad, sustentándose en este reciente fallo del TCP. Por otra parte, a tiempo de emitir la resolución, el presidente del TCP señaló que esa entidad no se iba a prestar al juego de los avasalladores que utilizan medidas de presión, amenazas y otras argucias para formalizar las ocupaciones ilegales. Y anunció su intención de convocar a las instituciones del rubro a fin de asumir una política de Estado en defensa de las propiedades privadas, y evitar que la Justicia “sea sorprendida por actitudes delincuenciales”. Ojalá se concrete esta intención de salvaguardar la seguridad jurídica, tanto más importante por cuanto resulta esencial para precautelar el esfuerzo y las inversiones de las personas, y así contribuir con el desarrollo del país.
