A más de cinco años del referéndum aprobatorio del Estatuto Departamental de Santa Cruz, la Asamblea Legislativa de ese departamento parece finalmente haber asumido la urgente necesidad de iniciar el proceso de adecuación de esa norma al marco constitucional, pues sin ésta, el proceso autonómico está detenido; y el gobierno departamental, imposibilitado de innovar.
En efecto, la Resolución 47/2013 de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz establece el plan de trabajo, cronograma de actividades y presupuesto requerido por la Comisión Especial de Adecuación Estatutaria, instancia creada para concluir este proceso, inexplicablemente retrasado si se considera el ardor autonómico que las élites cruceñas exhibieron entre 2004 y 2008, cuando se realizó el citado referéndum, que por haber sido ilegal le ha costado al actual Gobernador un proceso, todavía en curso, por malversación de fondos.
La CPE establece en su Artículo Transitorio 3 que los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referéndum del 2 de julio de 2006 deberán adecuar sus estatutos a la nueva Constitución. Asimismo, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, en sus artículos 60 al 63, instruye la adecuación de los estatutos a la Constitución para aquellos departamentos que accedieron a la autonomía, estableciendo deberes y derechos que tienen los ciudadanos de participar de este proceso.
En ese marco, la Comisión Especial de Adecuación ha comenzado un proceso de recolección de ‘insumos’ en las 15 provincias y 56 municipios de ese departamento; las primeras audiencias públicas se realizaron en los municipios de Samaipata y Comarapa (provincia Caballero).
Los asambleístas cruceños afirmaron que el objetivo es compartir información con la ciudadanía y debatir demandas y propuestas necesarias para la posterior sistematización de la adecuación. El proceso de socialización del documento se realiza bajo el lema “La adecuación con responsabilidad y respeto al soberano” y, a decir de la presidenta de la citada comisión, se pretende recoger de la población “insumos y mandatos ineludibles para adecuar y elevar luego el documento al Tribunal Constitucional”.
No obstante, y pese a lo informado desde el bando del Gobernador cruceño, los asambleístas del MAS, opositores en esa plaza, afirman que “con este proceso quieren hacer creer que el documento fue elaborado de manera consensuada, cuando sabemos que no se aceptaron las propuestas que fueron presentadas por diferentes corrientes”.
Es obvio que el proceso estará teñido de acusaciones y descalificaciones entre los bandos enfrentados; sin embargo, es deseable que al margen de esto, el resultado sea un estatuto viable y que dé la pauta para una transformación del ejercicio de la política y el poder departamental. Ojalá sea posible.
