Días atrás, una mujer noruega fue condenada a 16 meses de prisión en Dubái, a raíz de una denuncia que ella misma presentó contra un compañero de trabajo por violación. Tras la demanda, como si se tratase de un cuento de terror, la Justicia de ese país árabe le atribuyó los delitos de conducta indecorosa, consumo de alcohol y mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Pese a que la joven de 24 años fue posteriormente indultada, gracias a las gestiones diplomáticas de su país, esta injusticia causó gran indignación no sólo en Europa, sino también por estos lados. No obstante, cabe señalar que por casa tampoco andamos muy bien cuando de respetar los derechos de las mujeres se trata.
En efecto, precisamente ahora que en el país se discute el tema del aborto, la Defensoría del Pueblo dio a conocer el reciente caso de una adolescente de 16 años que fue brutalmente golpeada por miembros de su comunidad, en Apolo (norte de La Paz), en presencia de sus padres. Ello con el propósito de interrumpir su embarazo, de cinco meses, fruto de reiteradas violaciones (por el delito de violación fueron imputados su hermano, dos vecinos y un dirigente).
Luego de que los golpes lograran su cometido, haciendo aún más deplorable semejante injuria, el feto fue quemado por los agresores. Por si esto fuera poco, la Secretaría Departamental de Gestión Social de El Alto se negó a acoger a la joven después de que huyera de su pueblo en busca de ayuda, alegando que “el caso no está judicializado”, según declaraciones de la Defensoría del Pueblo en La Paz. Actualmente la menor se encuentra en un albergue privado y el caso está siendo investigado.
Por otra parte, recientemente se difundió la noticia de la supuesta violación de nueve indígenas tacanas, entre ellas dos menores, en una población de Pando. Según la denuncia presentada por las afectadas, la agresión contra ellas y contra otros miembros de su comunidad, sobre todo niños, ocurrió el 19 de enero, como una forma de amedrentamiento, por cuanto fue protagonizada por 60 recolectores de castaña, contratados por una familia que asegura ser la propietaria del terreno donde se encuentran asentados.
Como se puede observar, lamentablemente en el país aún persisten estructuras patriarcales que se reproducen a través del ejercicio de la dominación y violencia en contra de las mujeres y contra quienes se les asemejan, como los niños. Además, en ciertas regiones se criminaliza a la mujer en caso de ocurrir agresiones sexuales, como si fuese ella la culpable.
Verdaderas aberraciones en términos de justicia, equidad y desarrollo humano, similares a las que ocurren en los países musulmanes de corte más radical, que urge no sólo sancionar severamente, sino también y sobre todo erradicar. Algo imposible sin educación y sin un verdadero compromiso gubernamental.
