Justo cuando hace poco más de tres meses el Banco Mundial (Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class, 2013) venía reportando que en el primer decenio del presente siglo, 50 millones de latinoamericanos habían salido de la pobreza y que al menos 40% de los hogares de la región habían ascendido de clase socioeconómica, situándose entre los pobres y la clase media, América Latina era sorprendida por un cataclismo social con Brasil como su principal escenario de manifestación.
Dicho cataclismo parecía ser la extensión, además, del persistente movimiento estudiantil de Chile, y del movimiento #Yosoy132 de México, por lo que varios analistas identificaron en ese fenómeno una rebelión de las clases medias. Esto, porque a pesar de sus diversos escenarios de manifestación, esos movimientos no estaban compuestos por obreros ni por el proletariado, actores sociales históricos, sino por grupos relativamente aventajados socioeconómicamente. Además de su diferente composición social, esos nuevos movimientos no expresaban demandas fundamentadas en una posición antineoliberal, anticapitalista o antiimperialista, sino un deseo de acceso a mejores condiciones de vida, a través de un cuestionamiento a la forma de manejo de la inversión pública por parte de los gobiernos.
El ciudadano de clase media apareció desde esa lógica de acción no como un inconforme con el orden establecido, sino como un ciudadano crítico. Y como tal, éste expresaba los costos de la movilidad social que —derivado de la mejora de su nivel de ingresos, su nivel de escolaridad y sus hábitos de consumo— se exponía en la necesidad del mejoramiento de la calidad de los servicios públicos. Mas no sólo eso, pues a partir de la aspiración a la seguridad material, los grupos sociales emergentes buscarían incidir de manera efectiva en los asuntos políticos, a partir del mejor ejercicio de sus derechos políticos y sociales.
Pero a partir de ello sería posible inferir que las clases medias no asumirían necesariamente una actitud política radical, pues su constitución dependería básicamente del mejoramiento de los indicadores económicos, por lo que el comportamiento político de esas clases estaría sujeto a los vaivenes de la economía. Precisamente, a partir de una reflexión política, René Zavaleta Mercado afirmaba que la clase media sería una clase a medias, una clase sándwich que se haría políticamente gravitante en una estructura social piramidal fragmentada. Y de ello ha dado prueba fehaciente la nueva realidad boliviana, a partir del empedernido afán del Gobierno de hacer visible a los cuadros de clase media como aliados del proceso de cambio.
Sin embargo, la realidad de nuestro país ha dado también muestras de la inconsecuencia política de esas clases, pues a pesar de haber ascendido de 565.000 a 1,5 millones de personas, entre 2007 y 2010, por efecto de la política económica del Gobierno, según lo ha reportado insistentemente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en varios de sus informes, el Movimiento Al Socialismo no pudo conquistar las alcaldías de La Paz, Oruro y Potosí, justo en 2010, pese a ser esos departamentos sus principales bastiones electorales.
En un tiempo de laxitud conceptual en el que parece posible hablar de revoluciones a punta de boletas electorales, queda por ver la rebelión de las clases medias en las urnas. Brasil y Chile podrían dar cuenta de esa posibilidad, a pesar de su inverosimilitud, mientras que en Bolivia seguramente Morales seguirá buscando conquistar a como dé lugar a aquel sector al que alguna vez tildó de “dependiente del salario, de la comida, de la energía… (y como) resentidos, cuando no consiguen otro trabajo” (El Diario, 12 de junio de 2012).
