Para nadie es desconocido que el patrimonio arqueológico del país se halla completamente desprotegido. Esto debido a la falta de recursos y de políticas estatales para su restauración, conservación, vigilancia y buena gestión. No es poco lo que está en riesgo: además de un recurso turístico con mucho potencial, un tesoro de incalculable valor histórico, estético y cultural.
En efecto, según las autoridades y especialistas consultados en la última edición de Informe La Razón, entre cinco y diez lugares arqueológicos son destruidos cada año en el territorio nacional. La apertura de carreteras y caminos vecinales es la principal amenaza contra este patrimonio nacional. Por ejemplo, en 2011 los petroglifos de Inca Pintata, en el municipio de Poopó (Oruro), quedaron completamente sepultados bajo toneladas de roca por la ampliación de una vía caminera. No se trató de un incidente imprevisto, fue más bien la culminación de una serie de atentados que empezaron en 1985, cuando empresas mineras dinamitaron el sector para abrir una carretera.
Así, bajo la vista y paciencia de las autoridades, la ambición y la ignorancia acabaron en pocos años un tesoro arqueológico que durante 6.000 años logró sobrevivir a las inclemencias del tiempo. Una historia similar acabó con una chullpa de 1.500 años de antigüedad asentada en la comunidad de Jarauma, en el municipio paceño de Sica Sica. Un proyecto vial y la edificación de una cancha de fútbol echaron por tierra este testigo vivo de la cultura prehispánica.
Además de la apertura de caminos, al menos otras siete amenazas se ciernen sobre estos lugares, entre éstas, las prospecciones petroleras, la instalación de gasoductos y redes de gas, la expansión agrícola, el crecimiento urbano, el turismo depredador, la apropiación y administración de las ruinas por parte de las comunidades y el comercio de reliquias.
Ilícito negocio este último en el que se ven involucrados desde los propios vecinos de las localidades donde hay ruinas arqueológicas, pasando por anticuarios poco escrupulosos, hasta traficantes que comercian con redes internacionales.
Como es de suponer, este atentado contra el patrimonio arqueológico del país se debe al desamparo que impera en la mayoría de las ruinas del territorio nacional; situación que alcanza ribetes de escándalo en los departamentos de La Paz y Cochabamba, donde se estima que el 90% de estos vestigios se encuentra en peligro latente por la indiferencia estatal.
Habida cuenta de que el Estado carece de los medios y los recursos para proteger todos los bienes que conforman nuestro patrimonio arqueológico, deberían buscarse alternativas que involucren en esta labor a organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, concesiones a privados que inviertan en su protección y administración para el disfrute público, bajo supervisión del Estado.
