Aunque ya está de sobra demostrada la necesidad de renovar completamente el sistema judicial boliviano, han tenido que ocurrir tragedias como la de Palmasola, en Santa Cruz, para que la lenta maquinaria del Estado comience a actuar en respuesta a la demanda de un cambio radical que debió empezar en 2011 con la elección de magistrados para el Órgano Judicial.
Y, en efecto, el Gobierno central y el Órgano Legislativo parecen haber recogido el mensaje y están produciendo una legislación orientada a mejorar el acceso a la Justicia, la administración de ésta, y modernizar, cuando no crear una nueva, la institucionalidad del Judicial.
Así, sólo en la Cámara de Diputados se están tratando siete nuevas normas que, a decir de la presidenta de esa instancia legislativa, no son instrumentos de una reforma, sino que son nuevos códigos que cambiarán estructuralmente lo que significa la administración de la Justicia en Bolivia, pues se trata de “los denominados códigos morales, que están revestidos en una moralización de la Justicia”.
Las normas que Diputados debe producir son: el Código Procesal Civil; la Ley del Notariado Plurinacional, que está en comisiones; la Ley de Código Niño, Niña, Adolescente; la Ley de Asignaciones Judiciales; el Código Contravencional; el Código Procesal Laboral y la Ley de Derechos Reales. Por su parte, el Ejecutivo tiene a su cargo otras normas, como la Ley Reglada y otras disposiciones que tienen que complementar el decreto presidencial de indulto y amnistía, las mismas que serán aprobadas de urgencia.
Respecto del nuevo Código de Procedimiento Civil, la autoridad explicó que tiene por objetivo eliminar el tráfico de influencias que se identificó en los distritos por jueces y fiscales, quienes estarían administrando de mala manera la Justicia. Añadió que se busca un proceso humano limitado a dos etapas: la escrita, que no son más de dos documentos; y la oral, es decir que en dos audiencias se concentra toda la disputa, la prueba y, posteriormente, la decisión final.
Paralelamente, el Ministerio de Justicia trabaja en la difusión y discusión pública del proyecto de nuevo Código Procesal Penal, con el fin de que la norma sea totalmente consensuada y aprobada por las instituciones de la sociedad y organizaciones civiles.
Es evidente que sin importar su extensión, profundidad, cantidad y calidad, las leyes y otras normas son insuficientes para transformar las instituciones y, sobre todo, a quienes habitan y trabajan en ellas. Sin embargo, son el piso sobre el cual debe construirse toda esa ingeniería institucional y social.
Tocará que, luego de la promulgación del conjunto de leyes citadas, tanto los administradores de justicia como los abogados y el resto de la sociedad se apropien de las normas y, sobre todo, de su espíritu, pensando en que es tarea de todos lograr una transformación radical.
