El miércoles se cumplieron, con buen despliegue en diversos medios, dos años de la vergonzosa, fracasada y hasta ahora mal aclarada intervención policial en Chaparina de la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS, el 25-IX-2011. Desde la perspectiva del poder gubernamental, fue un revés, sobre todo porque el operativo no cumplió su objetivo: desmantelar una marcha pacífica que les creaba problemas para llevar adelante unos planes de mandar imponiendo, no obedeciendo y ni siquiera consultando a los indígenas directamente afectados.
Habían fracasado otros intentos previos para descalificar la marcha, y optaron por la fuerza bruta, como Paz Estenssoro cuando, en 1985, tras el célebre DS 21060, cortó de raíz la igualmente célebre y pacífica Marcha por la Vida de los mineros relocalizados por la fuerza, en aquel caso usando incluso vuelos rasantes de aviones amedrentadores.
La meta central era evitar que la VIII Marcha pasara más allá de Yucumo, donde empiezan los nuevos asentamientos collas. Enviaron a Yucumo desde otras partes a “colonizadores” (aún con poco de “interculturales”) y los apoyaron con centenares de policías, disfrazándolos de “protectores” de los marchistas. El viernes 23 de septiembre, llegó al lugar el canciller David Choquehuanca dizque para dialogar entre los dos bandos enfrentados, cuando en realidad el tema era Gobierno (utilizando a colonizadores y policías) vs. marchistas. Ocurrió entonces el incidente en que un grupo de mujeres agarró al Canciller, y con él, en primera fila (protegido por el jefe de los policías), lograron que las diversas líneas policiales abrieran paso a las mujeres y, tras ellas, a los demás marchistas, que de ahí pasaron a descansar en la finca Chaparina. Recientemente se nos ha informado que, en primera fila, había también una mujer policía camuflada… Esta captura y utilización del Canciller fue el pretexto para que la tarde del domingo 25, cuando todos estaban descansando, ocurriera el sorpresivo operativo policial, ya muy conocido, y que tuvo el efecto contrario al pretendido: puso a favor de los marchistas a casi toda la población.
El fracaso del operativo Chaparina seguramente sigue siendo objeto de análisis logísticos dentro de las instancias represivas del Estado. Pero aquí me interesa mucho más su alto costo en la credibilidad interna y externa de un gobierno surgido como indígena y defensor de los derechos indígenas y de la Madre Tierra. Y, como ocurre tantas veces desde el poder, persiste el encubrimiento sobre los últimos responsables de lo ahí ocurrido. Al interior del Gobierno, ¿se estará lamentando este alto costo? Por suerte, lo que no hubo en Chaparina fueron muertos. El reconocerlo no justifica, ni mucho menos, aquella intervención ni sus procedimientos totalmente inadecuados para una marcha pacífica y por justa razón.
En términos de muertes, los casos más graves en tiempos de Evo han sido el conflicto entre mineros en Posoqoni, Huanuni, en 2006 (16 muertos); la masacre de Pando en 2008, sobre todo contra masistas (al menos 13); y hace muy poco, el motín en la cárcel de Palmasola, donde un bando incendió el galpón en que estaba el otro bando, matando a más de 30. Pero lo que antes y ahora nos sigue llenando más de muertes día tras día siguen siendo los accidentes en carreteras por su mal estado (como en el último derrumbe en Caranavi), por vehículos descompuestos, o por imprudencia, cansancio o demasiado trago de los conductores.
