De los 228 reclusos que ingresaron en junio con detención preventiva a la cárcel de Palmasola, cerca del 40% (86) están acusados de delitos sexuales cometidos contra menores, según datos de la Defensoría del Pueblo. Una cifra en verdad escalofriante, que revela una crisis moral que alcanza ribetes de escándalo, sobre todo si se toma en cuenta las repercusiones que estos actos conllevan en la vida de quienes son abusados.
En efecto, los ultrajes sexuales marcan de por vida a las personas, y son más difíciles de superar cuantas más veces se repiten, especialmente si son cometidos durante la infancia, que es el periodo en el que las personas no sólo son más vulnerables, sino que además es cuando están configurando sus estructuras mentales para comprender y actuar en el mundo. De allí que muchas de las víctimas, ya de adultos, reproducen estos actos de terror, o bien caen en excesos sexuales o se asilan del resto, viviendo con temor y amargura.
No podemos darnos el lujo de estropear la felicidad de los niños bolivianos ni comprometer su futuro. Urge adoptar medidas para luchar contra este círculo de violencia, cobardía y horror, que generalmente se gesta y cobra forma en los hogares, el lugar donde supuestamente los niños deberían sentirse más seguros, ejercido por los familiares más cercanos.
