Como era previsible, la invocación realizada por el presidente Morales a sus ministros de ocupar el 50% de su tiempo en la campaña para las elecciones 2014 ha generado un intenso debate político. Así, mientras voceros de la oposición afirman que se trata de una “instigación a delinquir”, las autoridades del oficialismo aseguran que harán campaña de manera voluntaria, en su tiempo libre y con recursos propios.
La Ley del Régimen Electoral establece que los servidores públicos de cualquier jerarquía están prohibidos de realizar campaña en entidades públicas, así como de utilizar bienes, recursos y servicios de instituciones públicas en propaganda electoral. Estas prohibiciones se aplican desde la convocatoria al proceso electoral, es decir, 150 días antes de la votación. La norma no dice nada sobre actos de proselitismo realizados previamente.
Lo evidente es que estamos ante una campaña prematura no sólo por parte del Gobierno, sino también de las fuerzas de oposición que apuran alianzas para proclamar sus candidaturas. Y la inclinación electoral de los funcionarios públicos será un dato tanto en ministerios (para la reelección de Evo) como en gobernaciones (como la de Santa Cruz a favor de Rubén Costas) y municipios (como la ciudad de La Paz en beneficio del MSM).
