Días atrás, la fundación Animales SOS denunció que funcionarios municipales de El Alto envenenaron a 180 canes con estricnina, un pesticida bastante tóxico. Un voluntario de esa asociación, quien afirma haber acompañado a la cuadrilla municipal, señaló que los perros murieron luego de sufrir prolongadas y dolorosas convulsiones, y que sus cuerpos, con las patas estiradas, fueron echados al botadero municipal. Si bien la Directora Municipal de Salud de El Alto negó esa versión, la Unidad de Zoonosis decidió interrumpir la matanza de canes que está llevando a cabo en esa urbe desde la semana pasada tras las denuncias de Animales SOS.
En cualquier caso, no sería la primera vez que funcionarios ediles incurren en este tipo de prácticas crueles e irresponsables, que además de provocar una dolorosa y prolongada agonía a los canes, constituyen un grave peligro para la vida de los seres humanos, especialmente para los niños.
Esta brutalidad se debe, entre otras razones, a la falta de institucionalidad y de unidades especializadas que impera en algunos municipios del país.Lugares donde, en caso de situaciones extremas, las autoridades muchas veces recurren a medidas improvisadas, sin seguir ningún protocolo o sin siquiera examinar su alcance y posibles externalidades.
