Entre los invitados al tercer encuentro sobre transporte sostenible, recientemente celebrado en la ciudad de La Paz, se encontraba Alonso Salazar, otrora alcalde de Medellín. La exautoridad colombiana propuso la idea de que en nuestra ciudad, al igual que lo que ocurrió en Medellín, el transporte público se organice mediante empresas en vez de sindicatos.
A grandes rasgos, la iniciativa parece sensata. Desde el punto de vista de los usuarios, podríamos tener un sistema de transporte más ordenado, pues, presumiblemente, una empresa privada estará en mejores condiciones de ofrecer un servicio de transporte más moderno y de mejor calidad que el que presta un sindicato. Desde el punto de vista de las autoridades, se podría contar con un sistema de transporte más fácil de gestionar, puesto que las condiciones de acceso se establecerían en función a derechos de rutas, horarios y exigencias que las empresas deberían cumplir para poder ofrecer sus servicios.
Desde el punto de vista de los trabajadores, quedarían atrás las riesgosas carreras por “ganar pasajeros” a costa de las movilidades que, unos metros más adelante o más atrás, realizan exactamente la misma ruta. También deberían acceder a los beneficios que cualquier otro trabajador de empresa recibe, a saber: protección de sus derechos laborales y seguridad social de corto y de largo plazo.
A la larga, se esperaría una situación similar (sólo por citar un ejemplo) a la de las empresas de telecomunicaciones. En este rubro en ningún caso observamos a los gerentes y empleados de tales compañías suspendiendo sus servicios de manera masiva, paralizando ciudades enteras y enfrentándose de manera violenta con transeúntes y policías para negociar sus tarifas. No, son empresas y se rigen por códigos y normas muy estrictas.
El cambio de eje de sindicatos a empresas prestadoras de servicios también sería positivo para sincerar la verdadera naturaleza de las relaciones comerciales que rigen en el servicio de transporte urbano. Existen dirigentes que son dueños no sólo de su propio vehículo y de su capacidad de trabajo (el arquetipo del transportista agremiado), sino que son propietarios de flotillas enteras de vehículos, y tienen bajo su mando escuadras de choferes asalariados. Prácticamente son empresas.
Por supuesto, un cambio de esta naturaleza en la gestión de nuestro transporte urbano no es algo que vaya a suceder de la noche a la mañana. La situación actual, en la que el eje de la gestión de transporte se mueve alrededor de los sindicatos, tiene características que se asemejan a las posesiones feudales de control del negocio de transporte. Desde este espacio resaltamos la iniciativa, y confiamos en que sea considerada como una alternativa viable para el imprescindible reordenamiento del transporte urbano.
