El cultivo de coca está probablemente entre los más álgidos problemas bolivianos, pues además de que es imposible negar que siquiera una mínima parte de la producción de la hoja termina alimentando la industria del narcotráfico, hay campesinos que por obvias razones están dispuestos a enfrentarse al poder del Estado para seguir cultivándola. Es el caso de Apolo.
Días atrás, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, denunció que un grupo de cocaleros armados impide la erradicación de sus cultivos en Apolo y anunció el envío de 100 efectivos para reforzar el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que consiste en destruir coca excedentaria. Según la autoridad, los efectivos de la FTC son amenazados por 120 personas de comunidades del municipio de Apolo, zonas consideradas ilegales y que no pertenecen a la federación de productores de la hoja de coca de esa región; agregó que los dirigentes aprobaron un voto resolutivo de tres puntos en el que advierten acciones radicales si no se va la FTC. El presidente de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas de La Paz (Adepcoca) también acusó a los pobladores de Apolo de cultivar coca para destinarla al narcotráfico y negó que éstos pertenezcan a su organización.
A su vez, el dirigente de los cocaleros movilizados reconoció que cerca de 700 productores de 26 comunidades de Apolo realizan una vigilia e impiden la erradicación de sus cultivos; y aunque en la resolución citada se lee que “las comunidades cocaleras se encuentran totalmente armadas”, negó tal extremo. “No tenemos armas, aunque sí palos, hondas y colmenas de abejas”, aseguró.
El viceministro señaló que la coca ilegal plantada en esas comunidades es protegida de forma sospechosa por mototaxistas y comerciantes, hecho que confirmaría que la hoja es desviada para la producción de cocaína. El dirigente cocalero respondió asegurando que “nosotros no desviamos nuestra coca al narcotráfico, hacemos control social”.
Finalmente, el viernes, Cáceres anunció que presentaría una demanda ante la Fiscalía en contra de los “cocaleros ilegales” que amenazan e intimidan a los efectivos de la FTC. Entre las pruebas que la autoridad tenía para presentar, está un fax en el que se denuncia que la ambulancia del municipio fue interceptada por cocaleros armados, pues creyeron que transportaba a uniformados de la FTC. A su vez, el dirigente cocalero anunció que presentará un recurso de amparo constitucional con el fin de que se declare a Apolo como zona tradicional de cultivo de hoja de coca.
Hay, pues, una tormenta en ciernes, como tiempo atrás la hubo en otra región de los Yungas paceños, donde la FTC tuvo que hacer frente a la violencia de los cocaleros que trataban de impedir la construcción de un cuartel. Urge encontrar soluciones creativas, pero sobre todo viables.
