Las universidades públicas están en deuda con el país. No se trata de una deuda monetaria, aunque sí podría cuantificarse en dinero, sino de una deuda de seriedad y entrega de resultados, relacionada con la razón de ser de las casas de estudios superiores subvencionadas por el Estado: dotar de profesionales calificados e investigaciones que contribuyan con el desarrollo nacional.
Las universidades públicas de La Paz enfrentan, desde hace varias semanas, problemas de institucionalidad. Mientras el rectorado de la UMSA se encuentra con un interinato; en la UPEA, durante la contienda por el rectorado que debía resolverse en las urnas, dos grupos rivales, ambos compuestos por estudiantes y docentes, llegaron a los puños.
Una situación tanto más vergonzosa por cuanto fue protagonizada en una institución que, se supone, congrega a la élite intelectual de la sociedad. Estos problemas de institucionalidad, de no resolverse adecuadamente, pueden repercutir en la calidad de la educación superior; y, por ende, en las oportunidades de progreso, individual y social, de los estudiantes y del país.
En cuanto a la generalidad de las universidades públicas bolivianas, se observa una serie de deficiencias que es necesario superar. Se sabe que las actividades de investigación son claves para el progreso económico de un país, y son precisamente las universidades —públicas y privadas— las llamadas a desarrollar este ámbito. No obstante, en Bolivia, los escasos resultados de la investigación científica aplicada al desarrollo del aparato productivo revelan un importante déficit. Por otra parte, es justo reconocer que el empresariado nacional ha hecho muy poco por acercarse a las universidades para emprender esta tarea conjunta.
Otro problema, que no es menor, es la baja ejecución presupuestaria de las universidades estatales. Según datos oficiales, en el primer semestre de 2013, su ejecución no alcanzó ni a un tercio de lo presupuestado. En los últimos años, el presupuesto universitario se ha incrementado gracias al aumento de los recursos del IDH provenientes del gas; por tanto, se espera que tengan mayores capacidades institucionales y mejores resultados académicos y científicos.
Para equilibrar el balance, es justo reconocer los esfuerzos que las autoridades de algunos centros superiores de enseñanza hacen por elevar su desempeño y evaluar sus resultados con estándares internacionales. La esperanza de la sociedad es que estas iniciativas se multipliquen. En pocas semanas, la Asamblea Plurinacional tratará la Ley Financial para 2014. Las universidades aprovecharán la ocasión para exigir los recursos que les corresponde en justicia. La sociedad, por su lado, espera que estas casas de estudio actúen recíprocamente, y se comprometan a mejorar su institucionalidad y a contribuir más intensamente con el desarrollo del país.
