El incendio forestal originado el 16 de agosto en la comunidad de Ipias, en el municipio de San José de Chiquitos (Santa Cruz, Bolivia), ha afectado una superficie de 39.034 hectáreas, según estimaciones realizadas por la Fundación Amigos de la Naturaleza a través del procesamiento de imágenes satelitales. Este evento ha generado un despliegue de esfuerzos y recursos de distintas instituciones y una respuesta mediática llamando nuevamente la atención de la población sobre este problema que nos afecta cada año.
Si bien los últimos dos años los incendios forestales habían disminuido considerablemente en relación a años anteriores, la tendencia observada en la última década continúa siendo creciente, mostrando además un patrón cíclico de dos a tres años en la ocurrencia de eventos de gran magnitud.
La última temporada extrema de incendios forestales que se presentó en el país fue en 2010, donde la superficie quemada en la región del bloque chiquitano alcanzó las 85.760 hectáreas. Este primer incendio del año representa casi la mitad de toda la superficie quemada durante 2010 en esta región.
Y es que al inicio de la época seca, a la susceptibilidad al fuego del bosque chiquitano se suman fenómenos como las heladas ocurridas recientemente, que han acelerado el proceso de desecación del bosque, y los fuertes vientos, factores que contribuyen a aumentar el riesgo de incendios forestales en la región.
Luego de una semana de incansables esfuerzos coordinados entre distintas instituciones para controlar el incendio que llegó a extenderse al municipio vecino de Roboré, podemos decir que éste finalmente se ha extinguido, en gran medida gracias a la llegada del frente frío y a las características del terreno.
No obstante, nos encontramos ante el inicio de la temporada de incendios y esto es una señal de alarma de lo que puede venir si las condiciones climáticas son desfavorables y no estamos preparados para una situación similar a la que ocurrió en 2010.
Por eso, es importante una adecuada gestión de incendios forestales que cuente con la participación activa y coordinada de todas las instituciones competentes y la población, para responder a las necesidades y desafíos que implica esta problemática.
