Coincidiendo con la polémica desatada luego de que campesinos armados resistieron la erradicación de sus cocales en la región de Apolo, en el departamento de La Paz, el Embajador de la Unión Europea en Bolivia declaró a una radioemisora que hay un gran retraso en la entrega de los resultados de un estudio sobre consumo de la hoja financiado por los países europeos.
En efecto, mientras en Apolo comenzaban las investigaciones de la Fiscalía para dar con los autores de una emboscada a los erradicadores de la Fuerza de Tarea Conjunta, en La Paz el diplomático europeo declaró que los estudios para conocer el tamaño real de la demanda de hoja de coca para el consumo tradicional en el mercado interno «finalizaron en 2010 y estamos esperando mucho», y agregó que el retraso en la publicación de los resultados de dicho estudio se debe a que «el Gobierno (boliviano) ha querido hacer un poco más de trabajo en sus estudios complementarios».
Como se recordará, en 2002 un acuerdo entre el entonces presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, y el máximo dirigente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, para hacer un estudio del consumo tradicional de la coca en Bolivia, a fin de redimensionar el tamaño de los cultivos lícitos de la hoja en el país en el marco de la Ley 1008, permitió frenar un creciente conflicto hasta entonces caracterizado por la violencia de los enfrentamientos entre erradicadores y cocaleros del Chapare.
Dicho acuerdo recién se materializó en 2007, cuando la Unión Europea (UE) y el Gobierno boliviano firmaron un convenio para financiar con 1,5 millones de dólares el «Estudio Integral sobre la Hoja de Coca», trabajo que debió demandar, según anunció entonces el Canciller boliviano, unos 18 meses, y que tenía el fin de establecer a cuánto asciende el consumo tradicional de coca en Bolivia, en prácticas ancestrales como el masticado, infusión y rituales religiosos andinos, para luego definir la extensión máxima de cultivos legales de la planta.
Hasta donde se sabe, el resultado de dicha investigación fue declarado insuficiente debido a errores metodológicos especialmente en la etapa de muestreo de la población estudiada, lo que motivó la ya señalada necesidad de ampliarla. El problema es que luego no se conocieron nuevos resultados y hasta ahora tanto los financiadores como la opinión pública siguen esperando conocer esos datos. La situación no sólo inspira declaraciones de los representantes europeos como la señalada más arriba, sino también intervenciones de opositores y críticos con el Gobierno, que echan sombras de duda sobre el esfuerzo gubernamental en el combate al desvío de la hoja de coca al mercado ilegal.
Es, pues, deseable que, en el marco de la transparencia, el Gobierno brinde respuestas sobre el resultado del estudio y proponga estrategias acordes con la situación.
