En las últimas semanas, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se ha convertido en un lugar de bochorno y desencuentro. No se trata solo de la dificultad para lograr acuerdos, sino incluso de la posibilidad de reunirse y deliberar. El bloqueo decisorio, en especial en Diputados, continúa degradando al Órgano Legislativo. Estamos ante una deplorable crisis institucional.
Pronto concluirá el mes de enero y los asambleístas todavía no logran un arreglo político-institucional para la aprobación de la ley de convocatoria a las elecciones judiciales, estancadas desde principios del año pasado. No estamos hablando de convergencias en cuanto al contenido de la ley, sino de algo más elemental: la definición de qué cámara debe tratar el proyecto de ley. En lugar de debate, en estos días hubo cartas, intercambio de acusaciones, suspensión de sesión. Es un espectáculo vergonzoso.
Hace casi cinco meses, el 31 de agosto, el Senado aprobó por amplia mayoría el Proyecto de Ley 144, Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024. Fue un importante ejercicio de concertación entre las fuerzas políticas.
Las elecciones debían ser en febrero. Se superaba así el candado impuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que todo el proceso se defina por dos tercios. El proyecto fue enviado a Diputados, en su condición de cámara revisora. Ahí fue bloqueado, hasta ahora, por los operadores de la bancada arcista.
Luego vino el operativo coordinado con el TCP para declarar la inconstitucionalidad de dos parágrafos del Proyecto de Ley 144 y, como era previsible, disponer la autoprórroga de los magistrados en el cargo. Y en diciembre, cuando se debió tratar con urgencia el tema, el vicepresidente Choquehuanca impuso de manera arbitraria un receso. Hoy estamos en fojas cero. Con el agravante de que la cámara revisora se niega a tratar el proyecto y, de manera ilegal, pretende “devolverlo” (sic) al Senado.
En ese contexto, es encomiable la convocatoria del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, para que las tres fuerzas políticas representadas en la ALP se reúnan a fin de buscar un acuerdo que destrabe las elecciones judiciales. Pero ni eso. La bancada arcista decidió no participar del encuentro al no haber sido convocado por Choquehuanca, que está desaparecido. Peor todavía. La sesión en Diputados, donde pudo tratarse el tema, fue suspendida por la supuesta enfermedad de su presidente. Es bochornoso.
Como van las cosas, parece evidente que la convocatoria a las elecciones judiciales continuará bloqueada en la Cámara de Diputados y, por tanto, se prolongará sin fecha la autoprórroga de los magistrados, calificada de inconstitucional. Así, a la cada vez más insostenible crisis del sistema de administración de justicia, se suma la situación de parálisis en el Órgano Legislativo. Urge que los actores políticos relevantes logren acuerdos mínimos para rescatar a las instituciones, hoy a la deriva.
