Resulta paradójico y muy sintomático que quienes fueron los principales impulsores de las autonomías departamentales, como bandera de movilización y de discurso político, aparezcan hoy como los más rezagados del proceso. Ello ocurre con Santa Cruz, que hasta la fecha no ha logrado consensuar en la Asamblea Legislativa la adecuación de su Estatuto Autonómico.
Hace casi seis años, en diciembre de 2007, un grupo de autoridades y personas articuladas en el comité cívico cruceño —con el respaldo de la entonces prefectura de departamento—, impulsaron un veloz “proceso estatuyente” para la elaboración y aprobación de un estatuto de autonomía. Dicha acción era la respuesta de la élite cruceña a la aprobación, por parte de la Asamblea Constituyente, de un nuevo texto constitucional. Se replegaron así en la trinchera de lo que luego fue la llamada “media luna”.
Meses después, en mayo de 2008, realizaron por su cuenta un referendo ilegal con el propósito de legitimar su estatuto. Lo hicieron al margen de la institucionalidad y sin la convocatoria del Congreso Nacional conforme a ley. El modelo se replicó en Tarija, Beni y Pando. Pero en los cuatro departamentos sus documentos estatutarios tenían serios problemas de inconstitucionalidad no sólo con relación a la Constitución entonces vigente, sino también respecto al actual texto constitucional.
Superada la disputa regional y tras los acuerdos políticos que encaminaron la convocatoria a referendo nacional para la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, se estableció que aquellos estatutos debían adecuarse a la Carta Magna. Ello implicaba realizar varios cambios y ajustes. En el caso del Estatuto de Santa Cruz, por ejemplo, un estudio demostró que al menos 46 de sus 168 artículos eran inconstitucionales; y otros 13 presentaban observaciones.
Como resultado de dicho proceso, las asambleas legislativas de Pando y Tarija ya realizaron la adecuación de sus estatutos, los que fueron enviados al Tribunal Constitucional Plurinacional para el control respectivo. Otros departamentos “de occidente” también elaboraron y aprobaron sus estatutos departamentales. Y el del Beni está en fase final de concertación. Pero el que aún no logra buen cauce ni acuerdos es el Estatuto cruceño, que según diferentes voceros de la Asamblea ya no se aprobará este año.
¿Por qué el departamento que abanderó el proceso autonómico tiene hoy tantas dificultades y escollos para lograr un acuerdo amplio que encamine la adecuación de su Estatuto? ¿Qué sentido tiene insistir en la imposición, por ahora fallida, de un estatuto elaborado al margen de la Constitución y aprobado de manera ilegal? ¿No resulta más razonable impulsar un proceso plural y participativo que exprese la diversidad y las diferentes voces del departamento? Las y los habitantes de Santa Cruz tienen la palabra.
