En noviembre, el Presidente del Estado lanzó un regalo de Navidad anticipado, promulgando el decreto que instaura un doble aguinaldo para los trabajadores del sector público y privado. Son divergentes las opiniones sobre este suceso que favorece al sector laboral dependiente. Empero, es preciso realizar consideraciones de orden social y jurídico por un mínimo de honestidad intelectual.
En primer término, debo señalar que esta decisión va dirigida a satisfacer fines electorales, pues el mismo Mandatario indicó que es un justo reconocimiento a quienes han sido castigados con la austeridad, “especialmente a los trabajadores del sector público”, compensándoles por tener un techo salarial basado en la referencia del sueldo presidencial, y porque recibieron descuentos de aporte al partido de gobierno.
Respecto a la ejecución del presupuestos general del Estado, constituye una decisión arbitraria del manejo de los recursos públicos, que no son de propiedad de los gobernantes de turno, sino de todos los bolivianos, así como es un abuso disponer de los recursos de la empresa privada fuera de lo previsto en la Ley General del Trabajo, la cual reconoce un solo aguinaldo. Asimismo, refleja el manejo improvisado de la economía: las entidades públicas no habían previsto este gasto, razón por la cual el DS autoriza la transferencia de recursos del TGN hacia la partida 10000 de servicios personales.
Es sabido que el doble aguinaldo pone en apuros a las empresas privadas que no tienen una rentabilidad similar al Estado, pues sus utilidades no proceden de la venta de hidrocarburos ni de la dinámica macroeconómica. En tal sentido, la sorpresiva medida constituye la vía más rápida para aniquilar el empleo formal, incrementando la informalidad y el desempleo, al inducir a la empresa privada a prescindir de algunos empleados en la siguiente gestión.
Considerando que el rendimiento del PIB superior al 4,5% en la actual gestión proviene de la venta de hidrocarburos, sería correcto que se beneficien de este superávit todos los bolivianos y no sólo quienes gozan de empleo formal. Siguiendo esta línea de universalidad, deberían también percibir el segundo aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” los jubilados.
El monto destinado al doble aguinaldo será de $us 380 millones, cifra que podría utilizarse en dotar de equipamiento e insumos básicos que requieren los hospitales públicos o las escuelas fiscales.
Si se pretende evitar la exclusión social y económica, podría haberse creado un fondo para apoyar a toda la población que no cuenta con fuente laboral, como hacen muchos países, que contemplan en sus presupuestos un monto destinado a pagar un bono de cesantía. O podría crearse un fondo para niños huérfanos o mujeres desempleadas que son padre y madre. En suma, atender a sectores que no cuentan con la asistencia efectiva del Estado.
En consecuencia, tal medida profundiza el contraste entre quienes no perciben ingresos fijos, frente a quienes constituyen un sector privilegiado inferior al 18%. Resulta evidente que vivimos en un país socialista de ficción, donde pocos concentran la riqueza. Por ello, en búsqueda de redistribuir adecuadamente los recursos, sería apropiado contar con una política económica que contemple la creación de nuevos empleos, a través de la industrialización de las materias primas, y mediante el impulso de un marco jurídico adecuado que fomente la productividad y la inversión.
