En el mundo, más de 10 millones de personas, hombres, mujeres, niños y niñas, se han visto forzadas a abandonar su país como refugiados escapando de los conflictos armados y la persecución. El desplazamiento forzado y el desarraigo son experiencias profundamente traumáticas tanto para los varones como para las mujeres. Sin embargo, para estas últimas traen consecuencias perjudiciales adicionales, pues aumentan su exposición al riesgo de sufrir distintas formas de violencia que limiten o afecten el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Las mujeres refugiadas están más expuestas a sufrir múltiples formas de violencia y a tener que lidiar con la estigmatización social que puede acarrear el estatuto de refugiada. Muchas veces se han visto expuestas a situaciones de violencia de género en su país de origen, o pueden haber sufrido situaciones de violencia en su trayecto hacia el país de refugio. Para muchas mujeres, llegar a un nuevo país y reiniciar sus vidas no es sencillo, sobre todo porque esa llegada está directamente vinculada a la ruptura y el desmembramiento familiar, la pérdida de seres queridos o allegados, e incluso la falta de participación en la decisión de abandonar el país de origen. La falta de trabajo u oportunidades laborales también pueden exponer a las mujeres refugiadas al riesgo de explotación o prostitución forzada.
Durante los últimos años, los Estados de la región han adoptado distintas medidas dirigidas a prevenir actos de violencia originados en razones de género, a investigar ese tipo de denuncias con el fin de esclarecer lo ocurrido, a sancionar a los responsables, y a brindar asistencia integral a las víctimas. Sin embargo, todavía quedan grandes desafíos para asegurar la protección de las mujeres refugiadas. A través de distintos mecanismos de consulta directa con la población refugiada femenina, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha podido identificar que las mujeres de entre 20 y 45 años son especialmente vulnerables a graves formas de explotación laboral y sexual, y de intolerables hechos de discriminación en materia de acceso a la salud y a la justicia.
Algunas de las mujeres refugiadas entrevistadas manifestaron que en ciertas ocasiones les resulta difícil acceder a un tratamiento médico integral y gratuito, además, en algunos casos se han sentido maltratadas al acudir a centros de atención de salud. Otras mujeres, en su mayoría procedentes de Colombia, advirtieron las consecuencias sociales negativas derivadas de la existencia de prejuicios asociados con su nacionalidad, como ser catalogadas como trabajadoras sexuales o delincuentes asociadas al tráfico de drogas. Asimismo, muchas mujeres refugiadas expresaron sufrir situaciones de violencia intrafamiliar y manifestaron que la violencia no sólo les provoca sentimientos de desamparo, sino un profundo sentimiento de vergüenza, que en ocasiones las lleva a silenciar sus sufrimientos y frustraciones para no ser identificadas y ridiculizadas.
Las situaciones que padecen las mujeres refugiadas en las distintas fases del ciclo de desplazamiento favorecen la reproducción de hechos similares de violencia, pero sobre todo no permiten su desarrollo personal y limitan su capacidad para gozar y ejercer en plenitud sus derechos fundamentales. Por ello, en el marco de la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género (25/11-10/12), el ACNUR renueva su compromiso con la protección de las mujeres refugiadas y su derecho a una vida libre de violencia de género. Desde este organismo de las Naciones Unidas entendemos que para hacer realidad los derechos de las mujeres refugiadas es necesario seguir trabajando conjuntamente con los gobiernos de la región y las organizaciones de la sociedad civil en la capacitación de los funcionarios involucrados en el trabajo con refugiados, para asegurar la adopción de una visión que contemple las necesidades de las mujeres refugiadas y la identificación de los riesgos que enfrentan, así como la sensibilización acerca de sus derechos y los recursos disponibles para bregar por su vigencia. Además, entendemos que es un desafío ampliar la cobertura y el acceso de las mujeres y las niñas a los derechos económicos sociales y culturales en condiciones de igualdad. La necesidad de generar condiciones para el acceso de las mujeres refugiadas a oportunidades de empleo digno constituye un paso esencial a su integración local y una medida fundamental para prevenir el riesgo de abuso y explotación.
Progresar en el camino hacia una efectiva protección de las mujeres refugiadas requiere avanzar en un proceso de mayor tolerancia y comprensión por parte de la población en general sobre los abusos y humillaciones que ellas sufren y la valentía con la que intentan reconstruir sus vidas. No está de más decir que el Estado en soledad no puede responder a una problemática multidimensional y compleja que nos involucra a todos y a todas como ciudadanos.
